DOCUMENTO CONPES 4086 DNP DE 2022

(Bogotá, D.C., mayo 16 de 2023)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA, SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA EN 171 MUNICIPIOS DEL PAÍS CON MAYOR PRESENCIA DE COMUNIDADES NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS

Departamento Nacional de Planeación

Ministerio de Minas y Energía

Ministerio de Educación Nacional

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Ministerio de Transporte Ministerio de Cultura

Instituto Nacional de Vías

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Versión aprobada

Bogotá, D.C., 16 de mayo de 2022

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL CONPES

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Presidente de la República

MARTA LUCÍA RAMÍREZ BLANCO

Vicepresidenta de la República

DANIEL PALACIOS MARTÍNEZ Ministro del Interior	MARTA LUCÍA RAMÍREZ BLANCO Ministra de Relaciones Exteriores
JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO Ministro de Hacienda y Crédito Público	WILSON RUÍZ OREJUELA Ministro de Justicia y del Derecho
DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE Ministro de Defensa Nacional	RODOLFO ENRIQUE ZEA NAVARRO Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
FERNANDO RUÍZ GÓMEZ Ministro de Salud y Protección Social	ÁNGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ Ministro del Trabajo
DIEGO MESA PUYO Ministro de Minas y Energía	MARÍA XIMENA LOMBANA VILLALBA Ministra de Comercio, Industria y Turismo
MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ Ministra de Educación Nacional	CARLOS EDUARDO CORREA ESCAF Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
SUSANA CORREA BORRERO Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio	CARMEN LIGIA VALDERRAMA ROJAS Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ Ministra de Transporte	ANGÉLICA MARÍA MAYOLO OBREGÓN Ministra de Cultura
GUILLERMO ANTONIO HERRERA CASTAÑO Ministro del Deporte	TITO JOSÉ CRISSIEN BORRERO Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación

ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO

Directora General del Departamento Nacional de Planeación

LAURA MILENA PABÓN ALVARADO Subdirectora General de Prospectiva y Desarrollo Nacional (E)	AMPARO GARCÍA MONTAÑA Subdirectora General del Sistema General de Regalías
YESID PARRA VERA Subdirector General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación (E)	LORENA GARNICA DE LA ESPRIELLA Subdirectora General de Descentralización y Desarrollo Territorial

Resumen ejecutivo

La calidad de vida tiene cada vez mayor relevancia para los gobiernos de los distintos países, en el entendido que una sociedad progresa en tanto sus habitantes tengan bienestar y contribuyan al bienestar de sus conciudadanos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1996), la calidad de vida corresponde a la percepción que un individuo tiene de su existencia según el contexto socio cultural y sistema de valores en los que vive, íntimamente relacionado con sus expectativas, normas e inquietudes, por lo cual, al tratarse de un concepto multidimensional, está permeado por las políticas sociales e indicadores de ingresos de su entorno.

En Colombia existe un avance significativo en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos en la última década. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2021), en el año 2021 la pobreza multidimensional en el país fue de 16 %, 2,1 puntos porcentuales menos que en 2020 (18,1 %) y 14,4 puntos porcentuales menos que en 2010 (30,4 %), producto de la implementación de políticas económicas y sociales, dirigidas a mejorar la calidad y el acceso a los servicios públicos, la educación y la conectividad, entre otros.

Sin embargo, persisten retos en materia del mejoramiento de la calidad de vida a nivel regional, así, por ejemplo, las regiones Caribe y Pacífico aún presentan privaciones en las dimensiones del índice de pobreza multidimensional (IPM) por encima del promedio nacional. De acuerdo con el DANE, para el año 2020 el comportamiento del IPM para la región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre) fue de 28,7 %, y para la región Pacífica (Cauca, Nariño y Chocó) -sin incluir Valle del Cauca- fue de 30,9 %, estando 10,6 p.p y 12,8 p.p, respectivamente, por encima del IPM nacional, que fue de 18,1 % (DANE, 2021).

En relación con lo anterior, estas dos regiones tienen en común que concentran gran parte de población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera (NARP) del país. De acuerdo con el DANE para el año 2020, 12 departamentos del país, 11 de ellos pertenecientes a estas dos regiones, cuentan con un porcentaje de población NARP mayor al 5 %, así: Chocó, 63,8 %; Cauca, 17,7 %; Nariño, 14,4 %; Valle del Cauca, 14 %; Bolívar, 15 %; Cesar, 12,9 %; Sucre, 11,9 %, Magdalena 7,9 %, La Guajira 7 %, Atlántico 6 %, Córdoba 5,7 % y por último San Andrés, que si bien no pertenece a ninguna de las dos regiones, cuenta con un 44 % de población NARP (DANE, 2021 ).

Con base en las cifras del DANE (2018) se pudo determinar que el 85 % la población Negra, Afrodescendiente, Palenquera y Raizal está concentrada mayoritariamente en 171 municipios del país^[1], que cuentan con un porcentaje de población NARP mayor o igual a 5 %. Estos municipios se caracterizan por tener un mayor Índice de Pobreza Multidimensional con respecto al nivel nacional, así como por el rezago en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por lo tanto, se evidencia que en los 171 municipios con mayor porcentaje de población NARP, existen afectaciones en la calidad de vida de los ciudadanos, que se agrupan, para su análisis, principalmente en las siguientes tres causas: (i) baja calidad y acceso a educación, apropiación y uso de las TIC, fomento de la cultura y del deporte; (ii) dificultad en la intercomunicación terrestre entre las zonas rurales y urbanas; y, (iii) deficiencia en la prestación de servicios públicos básicos. Lo anterior, como consecuencia de los rezagos y privaciones que se identifican, resultado de los indicadores de Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y de las dimensiones del índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en estos municipios, los cuales superan los promedios nacionales.

En consecuencia, el presente documento formula una política pública para mejorar la calidad de vida de la población de 171 municipios con mayor presencia de comunidades NARP, proponiendo acciones concretas para mejorar el acceso a la educación, la apropiación y uso de las TIC y formentar la cultura y el deporte, vías terciarias y la prestación de servicios públicos básicos, mediante el diseño, articulación e implementación de estrategias intersectoriales orientadas a estos sectores.

Por lo anterior, esta política propone un plan de acción que se desarrollará en los municipios con mayor presencia de comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras, a través de tres ejes estratégicos, a saber: (i) Aumentar la calidad y acceso educativo, la apropiación y uso de las TIC y formentar la identidad cultural y el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre; (ii) Mejorar la intercomunicación vial; y (iii) Ampliar la prestación de Servicios públicos.

Esta política será ejecutada en un horizonte comprendido entre el año 2022 y el 2024, con un valor aproximado de 122,2 mil millones de pesos, y será implementada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Ministerio de Transporte a través del Instituto Nacional de Vías (Invías) y por el Ministerio de Minas y Energía a través del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (IPSE), Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, entre otras entidades del sector público.

Clasificación: I21, I32, L90, L95, L96, P28, Q42

Palabras clave: Índice de Pobreza Multidimensional, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Calidad educativa, Uso y apropiación de TIC, Identidad cultural, Intercomunicación vial, Servicios Públicos, comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros (NARP).

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN
2.	ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
2.1.	Antecedentes
2.2.	Justificación
3.	DIAGNÓSTICO
3.1.	Baja calidad y acceso educativo, apropiación y uso de las TIC y fomento de la cultura y del deporte para los 171 municipios con población NARP
3.2.	Dificultad en la intercomunicación terrestre entre las zonas rurales y urbanas
3.3.	Deficiencia en la prestación e infraestructura de servicios públicos básicos, en especial en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y Energía
4.	DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA
4.1.	Objetivo general
4.2.	Objetivos específicos
4.3.	Plan de acción
4.4.	Seguimiento
4.5.	Financiamiento
5.	RECOMENDACIONES

ANEXO A. PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO (PAS)

BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Inversiones por departamento
Tabla 2.	Inversiones aproximadas por departamento
Tabla 3.	Centros Digitales Rurales en sedes educativas
Tabla 4.	Costo Total de los programas culturales
Tabla 5.	Total Proyectos de Infraestructura de Transporte por departamento
Tabla 6.	Costo Total Proyectos de inversión de Transporte por departamento que conectan a los 171 municipios objeto de esta política
Tabla 7.	Metas específicas APSB PND 2018-2022
Tabla 8.	Costo Total Proyectos APSB por departamento
Tabla 9.	Departamentos focalizados con población NARP
Tabla 10.	Índice de brecha Digital 2020: Dimensión habilidades digitales
Tabla 11.	Porcentaje vías terciarias del país en estado Malo, Regular y bueno
Tabla 12.	Cronograma de seguimiento
Tabla 13.	Indicador de resultado de la política
Tabla 14.	Costos indicativos por entidad

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1.	Privaciones por Hogar según variable de IPM (%), 2018
Gráfico 2.	Resultados Examen Saber 11 NARP vs Resto del país
Gráfico 3.	Personas de 5 y más años que usaron computador, según habilidades 2020 (Antioquia, Nariño, Chocó y Total nacional)

SIGLAS Y ABREVIACIONES

APSB	Agua Potable y Saneamiento Básico
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
Cepal	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CNPV	Censo Nacional de Población y Vivienda
CONPES	Consejo Nacional de Política Económica y Social
CPN	Comisión Pedagógica Nacional
CRC	Comisión de Regulación de Comunicaciones
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Dapre	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
DNP	Departamento Nacional de Planeación
ECV	Encuesta de Calidad de Vida
Entic	Encuesta Tecnologías de la Información y Comunicación
IBD	Índice de Brecha Digital
Icetex	Instituto de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
Invías	Instituto Nacional de Vías
IPM	Índice de Pobreza Multidimensional
IPSE	Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas
NARP	Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros
OCAD	Órgano Colegiado de Administración y Decisión
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OMS	Organización Mundial de la Salud
PDA	Panes Departamentales de Agua
PDET	Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial
PGN	Presupuesto General de la Nación
Pigccme	Plan Integral de Gestión Integral del Cambio Climático del sector minero energético
PND	Plan Nacional de Desarrollo
PNIE	Plan Nacional de Infraestructura Educativa
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Pnvir	Plan Nacional de Vías de Integración Regional
TIC	Tecnologías de la Información y Comunicaciones

1. INTRODUCCIÓN

Durante la última década, Colombia ha logrado avances significativos en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, gracias al diseño e implementación de distintas leyes y políticas relacionados con el bienestar y la reducción de la pobreza. Los antecedentes normativos y de política que han intervenido en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes NARP, se han concentrado a lo largo de los años en responder a mejorar las condiciones socioeconómicas de esta población. Se destacan, en ese sentido, los siguientes documentos CONPES: el Documento CONPES 3660 de 2010 Política para promover la igualdad de oportunidades para la población NARP^[2], cuyo objetivo era implementar soluciones para generar oportunidades de acceso al desarrollo humano sostenible; y más recientemente, el Documento CONPES 4023 Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente: Nuevo compromiso por el futuro de Colombia^[3], cuyo fin es garantizar la reactivación del país frente a las consecuencias derivadas por la pandemia Covid-19.

Adicional a ello, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad expedido por la Ley 1955 de 2019^[4] y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reafirman los compromisos con el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. El PND tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030, particularmente con los siguientes: (i) fin de la pobreza ODS 1, (ii) educación de calidad ODS 4, (iii) agua limpia y saneamiento ODS 6, (iv) energía renovable ODS 7, e, (v) Industria, Innovación e Infraestructura ODS 9, en lo relacionado con las metas de Infraestructuras Sostenibles e Inclusivas y Acceso universal a tecnologías de la información y las comunicaciones.

A pesar de los logros obtenidos, persisten brechas a nivel regional y municipal, donde el componente poblacional es determinante. Si bien, entre los logros más significativos se destaca la reducción en un 12,3 % en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), debido a que pasó de 30,4 % en el 2010 a 18,1 en el 2020 (DANE, 2021), persisten brechas en el comportamiento de este índice a nivel regional, por ejemplo, regiones como Caribe, con un 28,7 %, y Pacífico, con un 30,9 %, presentan valores de IPM muy por encima del promedio nacional (18,2 %). Así mismo, con base en las cifras del DANE (2018) se pudo determinar que el 85 % de la población Negra, Afrodescendiente, Palenquera y Raizal está concentrada mayoritariamente en 171 municipios del país, que cuentan con un porcentaje de población NARP mayor o igual a 5 %. Estos municipios se caracterizan por tener un mayor Índice de Pobreza Multidimensional con respecto al nivel nacional, así como por el rezago en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que deriva en afectaciones en la calidad de vida de sus ciudadanos.

El promedio del Índice de Pobreza Multidimensional de las 171 entidades territoriales con mayor presencia de comunidades Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera (NARP) para el año 2020 estuvo 33,1 p.p. por encima del IPM nacional (DANE, 2021). Con base en las cifras del DANE (2021) se pudo determinar que el IPM promedio de los 171 municipios con mayor presencia NARP para el año 2020 fue de 51,2 %, mientras que el nacional se ubicó en 18,1 %, identificando que la mayoría de los hogares de estos municipios presentan una mayor privación en la provisión de servicios públicos, logro educativo y empleo. Así mismo, en promedio los municipios objetivo tienen 36 % de hogares que no cuentan con acceso a fuente de agua mejorada, mientras que el promedio nacional es de 11,7 %; de igual forma, el 42,4 % de hogares en estos municipios no cuentan con una adecuada eliminación de excretas, mientras que el promedio nacional es de 11,6 % (DANE, 2021).

En cuanto a las condiciones educativas y de trabajo en los hogares de estos 171 municipios, se puede evidenciar que persisten brechas significativas en el logro educativo y se evidencia que el desempleo de larga duración es muy superior al promedio nacional.

Con respecto al logro educativo, para el año 2020 se evidenció que el 63,6 % de hogares presentan bajo logro educativo frente a un 44,5 % de hogares a nivel nacional (DANE, 2021). Por su parte, en la dimensión de trabajo, se identificó que el desempleo de larga duración es muy superior al promedio nacional, ubicándose en un 46,7 % en los hogares de los 171 municipios en mención, lo que representa cerca de 4 veces el promedio nacional que se encuentra alrededor del 12 % (DANE, 2021).

Durante el año 2021, estos 171 municipios con mayor presencia de población NARP presentaron brechas significativas en términos de conectividad donde el 95 % tuvo un porcentaje de penetración de internet muy por debajo del promedio nacional (Ministerio de Tecnologías de Información y Tecnologías de la, 2022). De acuerdo con cifras del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (2022), en el tercer trimestre de 2021, 162 de estos municipios tuvieron un porcentaje de penetración de internet promedio de 3,4 %, cifra inferior al promedio nacional, que fue de 16,17 %, de los cuales, 108 presentaron un porcentaje de penetración menor al 3,6 %.

Teniendo en cuanta lo anterior y con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población de los 171 municipios con mayor presencia de comunidades Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera, se plantea, en el marco de esta política, focalizar acciones orientadas a fortalecer el componente social. Esto, a través del diseño, articulación e implementación de estrategias intersectoriales orientadas a mejorar el acceso y calidad en la educación, la apropiación y uso de las TIC, el estímulo de la identidad cultural, fomento del deporte, infraestructura vial y la promoción de servicios públicos, tales como: (i) Diseño de estrategias de educación diferenciada (etnoeducación); (ii) Formación para la apropiación y uso de las TICs, (iii) Fomento de la cultura e identidad de la población NARP, (iv) Aumentar el acceso a los programas de deporte y recreación, (v) Mejora de corredores en vías terciarias; y, (vi) Priorización de inversiones en infraestructura vial, agua potable y saneamiento básico (APSB) y Energía para 30 municipios focalizados en esta política, para lo cual, se van a financiar 31 proyectos de inversión para ejecutarse en la vigencia 2022, por un valor aproximado de 122,2 mil millones del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Por último, cabe resaltar que el ámbito de aplicación de esta política, respecto de las acciones señaladas en el presente documento, está enfocado en 171 municipios con el 5 % mayor o igual de la población NARP. Lo anterior, debido a que estos municipios concentran el 85 % de la población NARP del país y presentan condiciones poco favorables en términos de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) (Departamento Nacional de Planeación, 2019). Así mismo, es importante señalar que los 171 municipios en mención se encuentran ubicados en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, Risaralda, Valle del Cauca y San Andrés y Providencia.

Este documento CONPES está integrado por seis secciones, incluyendo esta introducción. La segunda sección contiene los antecedentes y la justificación. La tercera sección presenta el diagnóstico del estado actual de cada uno de los sectores. La cuarta sección define el objetivo de la política, las estrategias y las acciones que serán implementadas al 2024 para 171 municipios con el 5 % mayor o igual de población NARP del país, que concentrar el 85 % de la población NARP del país y, finalmente, la quinta sección presenta las recomendaciones al Consejo de Política Económica y Social (CONPES).

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.1. Antecedentes

En esta sección se presentan los principales antecedentes normativos, así como el balance de las políticas que impactan significativamente la calidad de vida de los municipios con mayor presencia de comunidades NARP. Para ello, el análisis se remitirá a las normas y políticas vigentes. Así mismo, se presenta un balance de la política en los sectores de Educación, Tecnologías de la Información, Cultura, Transporte, Agua Potable y Saneamiento Básico y Energía, y su relación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 20182022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad. Por último, se presenta la justificación de esta política, en términos de los rezagos y privaciones en las dimensiones del Índice de Pobreza Multidimensional y de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que afectan las condiciones de vida de la población de estos municipios.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presentan los principales antecedentes normativos e instrumentos de política relacionados con este documento CONPES. Estos en general, se han orientado en mejorar la calidad de vida de la población de los municipios con mayor presencia de comunidades NARP. En ese orden de ideas, se agrupó cada sector en tres líneas temáticas: (i) Calidad y acceso educativo, apropiación y uso de las TIC y cultura en municipios con mayor presencia de comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros; (ii) Intercomunicación vial; y (iii) Prestación de Servicios públicos.

Es importante señalar que, en las tres líneas temáticas definidas en esta política, el país viene realizando inversiones que son complementadas por las acciones del presente Plan de Acción. Estas inversiones se materializan en la ejecución de 5.771 proyectos e iniciativas y 18 programas asociados a seis sectores en los 171 municipios con mayor presencia de comunidades NARP del país, con una inversión que asciende a 37,2 billones de pesos, de los cuales el 8 % se destinan para la línea de calidad y acceso educativo, apropiación y uso de las TIC y cultura, el 87 % para la línea de Intercomunicación vial y, el 5 % para la línea de prestación de Servicios públicos^[5].

Por último, se evidencia que algunos de los sectores no cuentan con información sistematizada y actualizada que permita tener un balance general de la política y la interacción o impacto percibido por las poblaciones beneficiarias. Un ejemplo de ello es el caso del sector transporte, de acuerdo con el Documento CONPES 3857 Lineamientos de política para la Gestión de la Red Terciaria^[6] aprobado en 2016, se establece la necesidad urgente de contar con información sistematizada y actualizada que permita dar cuenta del estado real y el grado de urgencia de la intervención en las vías terciarias del país

(Documento CONPES 3857, 2016). A su vez, se puede afirmar que si bien en todos los sectores existe un reporte de la inversiones realizadas en plataformas cada vez más accesibles a la ciudadanía, como Mapa Inversiones, buscador de la inversión pública en Colombia, o en la plataforma SisCONPES, que consolida el reporte de avance de los documentos CONPES expedidos en el país, en ninguna de las plataformas, y de acuerdo con la información suministrada por las entidades del Gobierno nacional para la elaboración de esta política, se evidencia reporte sobre el impacto percibido por la población o un seguimiento participativo a las distintas acciones, iniciativas o proyectos ejecutados.

2.1.1. Calidad y acceso educativo, apropiación y uso de las TIC, fomento de la cultura y del deporte para municipios con mayor presencia de comunidades Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera

La educación, la apropiación y uso de las TIC, la cultura y el deporte impulsan el desarrollo sostenible e inciden en la calidad de vida de la población de los 171 municipios con mayor presencia de comunidades NARP. De acuerdo con los objetivos 4 y 17 de los ODS, estos asuntos son fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población, por tal razón, el PND 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad involucra en su totalidad iniciativas que van en pro del cumplimiento de dichos compromisos. A continuación, se presenta un análisis de la normatividad y documentos CONPES vigentes relacionados con estos temas.

Educación

El país ha implementado instrumentos de política en procura de mejorar la educación para la población NARP, e incorporar la dimensión étnica en el sistema educativo. Para alcanzar estos propósitos, y tomando como referencia la Ley 70 de 1993^[7], en la que, entre otros temas, se aborda la educación en tres dimensiones, a saber: (i) la educación autónoma, (ii) la educación para la competitividad y (iii) la educación intercultural o etnoeducación, se viene trabajando en el desarrollo de lineamientos de política de etnoeducación, lineamientos de cátedra y la selección de etnoeducadores, entre otros, (Congreso de Colombia, 1993). Al respecto, es importante señalar que, según la Ley 715 de 2001^[8], para organizar la prestación de los servicios de salud y educación, son las Entidades Territoriales las que en el marco de su autonomía deciden adaptar los lineamientos de política expedidos por el Ministerio de Educación Nacional, motivo por el cual, en la actualidad, no es posible determinar con exactitud cuántos municipios se han visto beneficiados por estos lineamientos.

De otro lado, el Plan Sectorial 2006 - 2016 La Revolución Educativa planteó, a través del Programa Nacional de Etnoeducación, la implementación de proyectos que mejoraran la pertinencia de la educación en beneficio de los grupos poblacionales más vulnerables. Esto incluye el fortalecimiento de los currículos de etnoeducación en todas las instituciones educativas, la implementación de procesos formativos y estrategias pedagógicas acordes a cada nivel etnoeducativo, la implementación de políticas para crear nuevos modelos pedagógicos con una perspectiva de comunidad, y la formación de docentes y directivos docentes en temas específicos dentro de los que se incluían aquellos asociados a etnoeducación (Ministerio de Educación Nacional, 2009).

Si bien en el marco de estas estrategias de política se realizaron algunos avances, estos no son suficientes para mitigar las problemáticas de la población afrocolombiana asociadas al sector educativo. Los ejercicios de participación y discusión realizados en 2009 en el marco de la Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana, revelaron que las comunidades seguían considerando la educación como uno de los sectores que requería de la implementación de nuevas estrategias para alcanzar la igualdad de oportunidades sociales (Ministerio de Educación Nacional, 2009). En ese sentido, el sector educación ha insistido en el desarrollo de proyectos y modelos etnoeducativos propios e interculturales para la población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal. Así lo indica el Ministerio de Educación Nacional (2018) a través del Plan Decenal de Educación 2016-2026 El camino hacia la calidad y la equidad, que dentro de su diagnóstico muestra que para 2017 el país contaba con 13 modelos etnoeducativos, dentro de los que se incluye el modelo etnoeducativo para comunidades negras del Pacífico Colombiano.

Por otra parte, el país ha avanzado en la construcción y mejoramiento de aulas educativas en el territorio nacional. Al respecto, el Documento CONPES 3831 aprobado en 2015 Declaración de Importancia Estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la implementación de la Jornada Única Escolar^[9], con vigencia hasta 2030, estima que para esta fecha se habrán construido las 51.134 aulas necesarias para implementar la jornada única en el 100 % del territorio nacional (Documento CONPES 3831, 2015). En consecuencia, la meta del Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la implementación de la Jornada Única Escolar (PNIE) a 2018, en la cual se le apunta en este documento, es alcanzar por lo menos el 60 % de su objetivo final, lo que se traduce en la construcción, ampliación o mejoramiento de 30.680 aulas (Ministerio de Educación Nacional, 2016). De acuerdo con el seguimiento realizado a través del SisCONPES, a septiembre de 2021 el país cuenta con 20.884 aulas mejoradas, ampliadas y construidas (Documento CONPES 4056, 2021).

Por su parte, en el PND 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, estableció la línea Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos.

Dentro de los objetivos de la línea, están brindar una educación con calidad y fomentar la permanencia en la educación inicial, preescolar, básica y media. La apuesta se enfocó en promover el mejoramiento de la cobertura y la calidad educativa (DNP, 2019), por medio de planes, programas y proyectos de inversión en infraestructura educativa y dotación. Para el año 2020, a pesar de los efectos derivados por la pandemia Covid-19, 523.576 niños y niñas recibieron educación inicial en el marco de la atención integral, lo que representó un incremento de 1,55 % de niños, niñas y adolescentes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar, con la relación al 2019 y del 7,41 % frente a 2018 (DNP, 2021). Sin embargo, se evidencia que existe un retroceso significativo en cuanto a logro educativo, que pasó de estar en 43,8 % en 2018 a 63,6 % en 2020 (DANE, 2021).

De la misma manera, el PND 2018-2022 plantea esfuerzos específicos para promover la culminación de las trayectorias educativas de la población afrocolombiana.

De manera específica, el Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, Afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom, incluyó, como resultado de los procesos de concertación realizados a nivel nacional, propuestas relacionadas con: (i) la promoción del acceso con calidad y la permanencia en la educación preescolar, básica y media; (ii) el fortalecimiento de la etnoeducación a partir de la cualificación de docentes y directivos docentes; (iii) el acompañamiento a entidades territoriales para la implementación de modelos etnoeducativos y, (iv) la articulación curricular de los establecimientos educativos etnoeducadores. A pesar de ello, las restricciones impuestas por el Covid 19 han limitado el alcance de estas estrategias.

En cuanto a educación superior, se han realizado esfuerzos para promover la continuidad de las trayectorias educativas entre la población afrocolombiana. En primer lugar, se destaca la creación del Fondo de créditos condonables para estudiantes afrocolombianos, administrado desde 1996 por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX). Este fondo se ha constituido como un incentivo a la demanda, cuyo objetivo es facilitar el acceso, la permanencia y la graduación en la educación superior de estudiantes de comunidades negras, esto a través del financiamiento de rubros asociados a matrícula, sostenimiento, materiales de estudio, transporte y realización del trabajo de grado (Ministerio de Educación Nacional, ICETEX, 2017).

Por otra parte, existen estímulos específicos generados por las Instituciones de Educación Superior para favorecer el acceso de la población afrocolombiana. Dentro de los cuales se incluye la creación del Programa de Admisión Especial a mejores Bachilleres de Población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal de la Universidad Nacional de Colombia en 2009. Este estímulo permite que los aspirantes se inscriban sin costo y que en el caso de ser admitidos puedan acceder a una oferta de bienestar estudiantil específica creada para los estudiantes que hacen parte de los Programas de Admisión Especial (Universidad Nacional de Colombia, 2022). A esto se suma la oferta de acceso diferencial para población afrocolombiana que ha sido creada por otras Instituciones de Educación Superior públicas en el país^[10].

Adicionalmente, es importante señalar que el PND 2018-2022 destaca la importancia de mejorar la infraestructura en educación. En ese sentido, el PND establece lo siguiente: (i) priorizar la inversión en infraestructura en zonas con alta desigualdad, y (ii) responder al déficit existente en infraestructura educativa rural y a los requerimientos para la ampliación de cobertura en la jornada única; por su parte, en cuanto a grupos étnicos, incluye dentro de las propuestas acordadas dentro del Pacto por la Equidad de oportunidades para grupos étnicos, la implementación de una estrategia para el mejoramiento de la infraestructura de los establecimiento educativos que atienden población con presencia de comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, en las áreas rurales del país (Documento CONPES 4056, 2021). En consecuencia, de acuerdo con el compromiso adquirido en el PND y lo propuesto en el Documento CONPES 4056 Declaración de Importancia Estratégica del Proyecto Construcción, Mejoramiento y Dotación de Espacios de Aprendizaje para la Prestación del Servicio Educativo e Implementación de Estrategias de Calidad y Cobertura Nacional^[11], se han definido 2.484 proyectos para mejoramiento de infraestructura educativa en estos 171 municipios, cuyo valor estimado asciende a 1,8 billones (ver Tabla 1)

Tabla 1. Inversiones por departamento

Millones de pesos

Departamento	No. Proyectos	Costo Total
Valle del cauca	297	414.972
Departamento	No. Proyectos	Costo Total
Atlántico	77	300.031
Chocó	324	287.981
Antioquia	268	167.447
Bolívar	199	155.631
San Andrés	19	91.155
Cesar	143	89.737
Cauca	257	72.153
Nariño	454	64.569
La Guajira	59	47.288
Sucre	82	44.484
Arauca	26	36.716
Magdalena	48	22.655
Caldas	10	14.758
Córdoba	53	14.211
Putumayo	142	9.950
Risaralda	6	9.891
Guaviare	12	3.192
Caquetá	8	2.584
Total	2.484	1.849.405

Fuente: DNP 2022

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

El sector de las Tecnologías y las Comunicaciones (TIC) ha dejado de ser un sector más en la economía para convertirse en un motor de crecimiento económico y social. Por esta razón, en los últimos años se han realizado esfuerzos por impulsar planes, programas y proyectos relacionados con conectividad digital para avanzar en la masificación de las TIC en el país. En este contexto, se desarrollaron iniciativas de política públicas enmarcadas en PND2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, en donde se definieron estrategias, con el fin de acelerar la inclusión social digital e impulsar la transformación digital.

Así, se formularon políticas públicas orientadas a fomentar el acceso al servicio de internet y aumentar la conectividad digital, especialmente en zonas apartadas y rurales del país. Las principales políticas de conectividad se enmarcan en los documentos CONPES 3968 de 2019 Declaración de Importancia Estratégica del proyecto de desarrollo, masificación y acceso a Internet nacional^[12]; el DocumentoCONPES 4001 Declaración de importancia estratégica del Proyecto Nacional Acceso Universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en zonas rurales o apartadas^[13] aprobado en 2020, y el Documento CONPES 4079 Declaración de importancia estratégica de los proyectos de inversión para la implementación de la iniciativa acceso a Internet en los departamentos de Amazonas, Guainía, Vaupés, Vichada y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina^[14] aprobado en 2022. Por medio de estos proyectos de largo plazo se han garantizado recursos para ejecutar proyectos que promueven el acceso público a Internet en zonas rurales, sedes educativas rurales y hogares de escasos recursos.

Por otra parte, a raíz de la pandemia por Covid 19, se crearon estrategias que lograran reducir sus afectaciones sobre la salud de la población, así como proteger los ingresos y el bienestar de los hogares, además de soportar el apartado productivo del país, destacándose aquellos relacionadas con la conectividad digital. En este sentido, en 2021 se expidió el Documento CONPES 4023 Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente: nuevo compromiso por el futuro de Colombia^[15], en el cual se define un grupo de acciones de política pública para acelerar, complementar y fortalecer los habilitadores digitales del país. Puntualmente, se definen acciones para fortalecer y aumentar la conectividad a Internet en los territorios, principalmente, en zonas apartadas del país, bajo un entorno técnico, regulatorio, normativo y de mercado.

Por último, es importante mencionar que se han enfocado inversión en diferentes proyectos e iniciativas que impactan directamente a los 171 municipios del país priorizados en esta política. En este sentido, durante el periodo comprendido entre los años 2018 y 2022, se han venido ejecutando inicativas, como por ejemplo, el proyecto de Centros Digitales en sedes educativas de zonas rurales, que incluye los municipios definidos en esta política y otros proyectos e iniciativas como dotación de terminales en sedes educativas, APPS.co, entre otros, que, según información suministrada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, han tenido una inversión de alrededor de 1,1 billones de pesos, los cuales permiten el acceso a internet de manera ininterrumpida, además de promover los procesos continuos de uso y aprovechamiento de las TIC en los 171 municipios priorizados en esta política. La inversión mencionada discriminada por departamento al igual que la distribución de los Centros Digitales se muestra en las tablas 2 y 3.

Tabla 2. Inversiones aproximadas por departamento

(Millones de pesos)

Departamento	Costo Total
Antioquia	281.184
Cesar	180.403
La Guajira	151.291
Atlántico	139.602
Chocó	104.754
Valle del Cauca	98.740
Magdalena	91.914
Bolívar	75.875
Cauca	31.363
Sucre	10.482
Nariño	9.574
Córdoba	7.589
Risaralda	5.108
San Andrés	3.535
Total	1.191.414
Fuente: DNP (2022).

Tabla 3. Centros Digitales Rurales en sedes educativas

Departamento Número de Centros Digitales
La Guajira	13
San Andrés	2
Nariño	26
Atlántico	9
Valle del Cauca	15
Bolívar	11
Magdalena	3
Cauca	25
Risaralda	2
Departamento	Número de Centros Digitales
Cesar	25
Chocó	18
Antioquia	15
Córdoba	4
Sucre	10
Total	178

Fuente: DNP (2022)

A pesar de los esfuerzos en inversión mencionados en esta sección, persisten brechas de inclusión social digital frente al acceso público a internet, siendo evidente que el porcentaje de penetración promedio a nivel nacional continúa siendo bajo, y disminuye aún más en los 171 municipios focalizados en esta política. Al respecto, se evidencia que persisten brechas significativas en materia de penetración de internet, ya que el promedio nacional para el año 2021 fue de 16,17 % (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 2022), lo que impacta directamente el desarrollo de habilidades y capacidades para el uso y la apropiación de las TIC en todo el territorio nacional. Esta situación es más crítica en aquellos municipios con mayor presencia de población NARP, en los que el 95 % tuvo un porcentaje de penetración a internet menor al promedio nacional.

Cultura

En primer lugar, es importante resaltar el Documento CONPES 3660 Política para promover la igualdad de oportunidades para la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal^[16] aprobado en 2010, cuyo horizonte de ejecución comprendió los años 2010 a 2015, y que tuvo el objetivo de implementar soluciones para generar oportunidades de acceso al desarrollo humano sostenible, y reducir la brecha en las condiciones de vida de la población Afrocolombiana respecto al resto de la población del país. En sus líneas de acción, el Ministerio de Cultura apostó por la focalización de su oferta institucional hacia municipios con alta incidencia de población afrocolombiana, raizal y palenquera en temas como emprendimiento cultural, formación en oficios tradicionales del sector cultura, formación artística, así como estrategias para la protección y promoción de las prácticas culturales de las comunidades NARP.

En materia de cultura, se han realizado inversiones a través de la ejecución de programas y estrategias en varios de los 171 municipios, en el periodo 2019 - 2021, así como el desarrollo de otras acciones implementadas en el marco de instrumentos de política pública y del PND 2018 - 2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. De una parte, el Programa Nacional de Estímulos tiene como propósito movilizar a los artistas, creadores, investigadores y gestores culturales colombianos, para que en las más diversas disciplinas, reciban un estímulo a su quehacer, a través de becas, pasantías, premios nacionales, reconocimientos o residencias artísticas. Está dirigido principalmente a personas naturales y opera por intermedio de convocatorias públicas anuales. En el marco de este programa, entre 2019 y 2021 se otorgaron 741 estímulos en 62 municipios por un valor de 14.086 millones de pesos (Ministerio de Cultura, 2021).

También, el Programa Nacional de Concertación Cultural se han apoyado varias iniciativas. Este programa busca impulsar, estimular y apoyar procesos y actividades culturales de interés común, apoyando financieramente proyectos presentados tanto por personas jurídicas del sector público como alcaldías, gobernaciones y entidades públicas del sector cultural, cabildos, resguardos y asociaciones indígenas, consejos comunitarios de comunidades negras y personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector privado de carácter cultural. Entre 2019 y 2021 se financiaron 2.036 proyectos en 140 municipios por un valor de 49.531 millones de pesos (Ministerio de Cultura, 2021).

De otra parte, desde el Programa Sonidos de Esperanza (antes denominado Música para la Reconciliación) implementado desde 2001 por el Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta, también se han hecho inversiones. La finalidad es la de promover el ejercicio de los derechos culturales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas del conflicto armado y en condición de vulnerabilidad social, mediante la formación, práctica y disfrute de la música desde una perspectiva social. Este programa cuenta con tres enfoques: (i) el modelo orquesta-escuela que se basa en la práctica musical colectiva; (ii) el acompañamiento psicosocial que promueve procesos de aprendizaje significativo; y (iii) un enfoque de derechos que concibe la música como una herramienta de inclusión y movilidad social. Entre 2019 y 2021 el Ministerio de Cultura ha invertido 21.346 millones de pesos en procesos de formación musical en los Centros Batuta de 34 municipios (Ministerio de Cultura, 2021).

Finalmente, cabe resaltar que el Ministerio de Cultura diseñó en el 2021 la estrategia Cultura en Movimiento, orientada a la reactivación económica del sector, tras el impacto de la pandemia Covid-19. En uno de los principales componentes de esta estrategia, se proyectó otorgar incentivos económicos a agentes culturales (mediante convocatorias públicas) para el desarrollo de iniciativas y proyectos culturales. Para este fin se realizaron tres convocatorias, en los que, de acuerdo con último reporte a 2021, se han beneficiado 291 colectivos de jóvenes y se han otorgado 1.701 incentivos en 124 municipios (Ministerio de Cultura, 2021).

La primera de estas convocatorias es Jóvenes en Movimiento, que surge a partir de los diálogos con los jóvenes. Esta convocatoria busca la vinculación de colectivos conformados por jóvenes de 18 a 28 años para el desarrollo y fortalecimiento de proyectos de formación, creación, circulación e investigación artística y cultural en contextos urbanos y rurales, en toda la diversidad de manifestaciones culturales y artísticas: literatura, música, artes visuales y plásticas, danza, arte dramático, circo, artes populares, audiovisuales, contenidos sonoros y de medios interactivos, y emprendimientos creativos asociados al diseño, el sector editorial, fonográfico y audiovisual, mediante la entrega de incentivos económicos que apoyen su realización. Como resultado, en 2021, 291 colectivos de jóvenes en 66 municipios recibieron incentivos por 3.215 millones de pesos(Ministerio de Cultura, 2021).

La segunda de estas convocatorias es Comparte lo que Somos, cultura en movimiento, reactivemos lo que nos une, la cual promueve los derechos culturales de la población joven del país. Esta consiste en apoyar procesos, proyectos, iniciativas, acciones y actividades artísticas, patrimoniales y culturales de interés común, mediante la entrega de incentivos económicos a personas naturales o personas jurídicas, que postulen propuestas que propicien el ejercicio cultural, la reactivación y la generación de oportunidades para el sector. En 2021, a través de esta convocatoria se otorgaron 1.701 incentivos en 124 municipios por 5.976 millones de pesos(Ministerio de Cultura, 2021).

La última de las convocatorias es Artes en Movimiento, orientada a desarrollar propuestas de circulación artística en espacios no convencionales. Esta convocatoria tiene el propósito de mejorar la oferta cultural y reactivar el sector artístico en los territorios, en procura de disminuir la afectación económica y social generada por la emergencia sanitaria; a la fecha no se cuenta con un balance de esta convocatoria, dado que su implementación es reciente, ya que inició en el año 2021.

Adicionalmente, el Ministerio de Cultura ha implementado acciones orientadas a reafirmar, salvaguardar, proteger y trasmitir la identidad étnica y cultural de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras, entre las que se encuentra el Programa Mujeres Afro Narran su Territorio. Este programa busca fortalecer los proyectos culturales de colectivos de mujeres pertenecientes a comunidades étnicas, en condición de vulnerabilidad y víctimas del conflicto armado, a través de procesos formativos en habilidades y capacidades productivas, fortalecimiento administrativo y organizativo, construcción de redes de trabajo y diseño de estrategias para la circulación de iniciativas culturales.

Con el propósito de implementar el mencionado programa, se desarrolló la antología literaria Urdimbres para fortalecer en el Pacífico narraciones sobre la realidad cultural de su territorio. Se trata de una colección de relatos de 400 mujeres ubicadas en 85 municipios de 18 departamentos del país, compilados en más de 2.200 páginas, que visibilizan las realidades de sus territorios desde sus propias vivencias (Ministerio de Cultura, 2021). Durante 2022, las mujeres narradoras participarán en ferias del libro dentro y fuera del país y en diversos eventos culturales socializando la antología.

Por otra parte, se viene fomentando la inclusión de la población NARP con estrategias y programas culturales. En este sentido, la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura implementó el proyecto Comunicación Afro, para el cual y con el objetivo de incluir a la población NARP, en la coordinación de las agendas dentro del Ministerio de Cultura fue delegada a una persona afro; estas agendas proponen una inversión de 204 millones de pesos en las líneas de: (i) Fortalecimiento del sector de la comunicación afro, en clave de la implementación de políticas de comunicación con enfoque afro, (ii) Formación de 10 colectivos de comunicación afro en comunicación propia, y, (iii) Creación y circulación de contenidos audiovisuales, sonoros y convergentes (Ministerio de Cultura, 2021).

Es importante resaltar que, durante los últimos años, de acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Cultura, se han invertido cerca de 134 mil millones en los 171 municipios con mayor presencia de comunidades NARP. Estas inversiones dinamizan la economía en estos municipios, además de promover y fortalecer los derechos culturales de la población, y están enfocadas en la implementación de 18 programas que oferta el Ministerio de Cultura en estos territorios, que van desde la formación artística y fomento de habilidades de lectura, escritura y oralidad hasta la dotación de centros culturales y bibliotecas. (Ver tabla 4).

Tabla 4. Costo Total de los programas culturales

Millones de pesos

Programa	Costo total
Arte en movimiento	2.556
Centros musicales -Batuta	12.425
Comparte lo que somos	3.910
Programa	Costo total
Dotaciones musicales	2.191
Escuelas taller	4.676
Infraestructura cultural	51.084
Jóvenes en movimiento	2.020
Leer es mi cuento	1.001
Plan nacional de lectura, escritura y oralidad/acceso a la plataforma cine escuela	4.
Plan nacional de lectura, saber escritura y oralidad/acceso al sistema de formación llave del saber	39
Plan nacional de lectura, escritura y oralidad/dotaciones de actualización bibliográfica	412
Plan nacional de lectura, escritura y oralidad/estrategias regionales	247
Plan nacional de lectura, escritura y oralidad/programa nacional de bibliotecas rurales Itinerantes	279
Plan nacional de lectura, públicas escritura y oralidad/servicio de conectividad bibliotecas públicas	149
Programa nacional de concertación	41.250
Programa nacional de estímulos	10.775
Salas de danza	177
Talleres de escuela	820
Total	134.023

Fuente: DNP (2022).

Deporte

En Colombia la política en materia de deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física ha sido reconocida como un derecho para el goce de todas las personas. Mediante el artículo 52 de la Constitución Política de 1991 se reconoce como derecho social el deporte y la recreación, materializando posteriormente, en la promulgación de la Ley 181 de 1995^[17], que permite crear el Sistema Nacional del Deporte. Esta normatividad sentó la base para el diseño y formulación del Plan Decenal del Deporte 2009-2019, el cual propuso buscar la autonomía administrativa y fiscal, puesto que, la entidad rectora Coldeportes solo tenía un rol planificador; lo anterior, permitió la creación del Ministerio del Deporte a través de la expedición de la Ley 1967 de 2019^[18], fijando como misión la de liderar, formular, dirigir y evaluar la política pública del Deporte, la Recreación y la Actividad Física y ejercer la Inspección Vigilancia y Control del Sistema Nacional del Deporte, con criterio de inclusión y equidad social contribuyendo con la convivencia, la paz y prosperidad de los colombianos (Congreso de la República de Colombia, 2019).

Por su parte, el país en los últimos años viene realizando esfuerzos presupuestales significativos a través de la implementación de programas que fomentan el deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre de la población colombiana, en especial de la población NARP. En este sentido, el Ministerio del Deporte en los últimos años realizó inversiones alrededor de 5,2 mil millones de pesos, resaltando que, en el caso de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera en los municipios priorizados en esta política han sido cobijados en el programa Escuela Deportivas Para Todos, Escuelas de Formación, Deporte Social Comunitario, Atleta Excelencia, Talentos Colombia entre otros, partiendo de criterios de inclusión y del reconocimiento del enfoque diferencial étnico (Ministerio del Deporte, 2022). Estos programas se han desarrollado, en concordancia con lo establecido en el PND 2018-2022, en el pacto 3: Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados; línea I - Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y la cohesión social, incluyó el objetivo orientado a la ampliación de oportunidades para la recreación, el deporte social comunitario y el aprovechamiento del tiempo libre, en el cual se afirma que (…) la recreación debe garantizar que todos los miembros de la población, sin distingo de raza, orientación sexual o condición socioeconómica, puedan tener las condiciones para desarrollarse como sujetos totales e integrales.

2.1.2. Infraestructura vial

En Colombia se ha invertido en la construcción de infraestructura vial, dado el impacto que este sector tiene en el crecimiento económico y el empleo, así como en la calidad de vida de los habitantes de los municipios del país. Por lo tanto, el país viene avanzando en la consolidación del programa de Colombia Rural, con el fin de intervenir la red vial terciaria para conectar territorios y potenciar el campo colombiano. En este sentido, en el PND2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, se definieron estrategias para fortalecer la conectividad.

Así, en el marco del PND 2018-2022 en el pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional, se desarrollaron programas para mejorar la conectividad en los territorios, especialmente en las zonas rurales. Aunque en el sector Transporte se adelantaron programas tales como Compromiso por Colombia, Reactivación 2.0 y Colombia Fluvial, es importante señalar que en materia de vías terciarias se impulsó el Programa Colombia Rural, en el que se priorizan corredores viales que incrementen la productividad del campo.

Como consecuencia, en el país, durante el periodo comprendido entre 2018 y 2022, se ha avanzado en la inversión en vías rurales. De acuerdo con el informe de gestión del 2021, realizado por Instituto Nacional de Vías (Invías), se ha logrado invertir 4,25 billones de pesos, compuestos por diferentes fuentes, así: 2,5 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación (PGN), 1,3 billones del Sistema General de Regalías (SGR); y, el resto de los recursos corresponden a inversión hecha a través del mecanismo de Obras por Impuestos y Cooperación Internacional. Con esta inversión se pretende llegar a 887 municipios de los 32 departamentos interviniendo en su maya vial 11.000 km de vías rurales y 15.000 km con actividades de mantenimiento. El avance para el año 2021 fue de 2.839 km transitables (Invías, 2021).

A su vez, durante los años recientes se han formulado políticas públicas orientadas a la infraestructura vial. Las principales políticas en esta materia se enmarcan en los siguientes instrumentos: (i) Documento CONPES 3857 aprobado en 2016 Lineamientos de Política para la gestión de la Red Terciaria^[19] y el Plan Nacional de Vías para la Integración Regional (PNVIR), en los que se amplía el concepto de red terciaria para conectar las zonas rurales del país; (ii) el Documento CONPES 4039 Declaración de importancia estratégica de los proyectos de inversión del programa vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0^[20], el cual reconoce la necesidad de consolidar una infraestructura vial que integre a las regiones, que a la fecha, ha reportado un avance del 20 % de ejecución (SisCONPES, 2022) y; (iii) el Documento CONPES 3847 de 2015 Concepto favorable a la Nación para contratar operaciones de crédito público externo hasta por la suma de USD $400 millones, destinados a financiar el Plan Todos Somos PAZcifico^[21], enfocado en cerrar las brechas existentes en la región Pacífico, a partir de un desarrollo socioeconómico con equidad. Por medio de estas políticas de largo plazo se han garantizado recursos para ejecutar proyectos que mejoren el acceso, la transitabilidad y la navegación permitiendo conectar los territorios.

Por último, en lo que respecta a este sector, la oferta para los 171 municipios en los 18 departamentos contempla financiar 211 proyectos incluidos en programas a cargo del Invias y la ANI entre el 2020 y el 2030. Se destacan que actualmente la oferta de proyectos proviene principalmente de los programas de 4G y 5G, Vías para la Legalidad,

Concluir, Concluir y Programa Vías para la Conexión de Territorios, el Crecimiento Sostenible y La Reactivación 2.0. (Ver tabla 5). Estos programas, según estimaciones hechas por la Dirección Técnica de Infraestructura del DNP, con base en la información incluida en el informe Transporte en Cifras 2020 del Ministerio de Transporte con base en información de la ANI e Invias, en total contemplan inversiones, para el periodo comprendido entre 2018 y 2030 por cerca de 32,1 billones de pesos, que permitirán finalizar con la construcción de los tramos estratégicos en diferentes departamentos, y esperan impactar de forma positiva la generación de empleo, así como la conectividad regional para el desarrollo económico del país.

Tabla 5. Total Proyectos de Infraestructura de Transporte por departamento^[22]

Millones de pesos

Departamento	No. Proyectos	Costo Total
Valle del Cauca	12	7.482.484
Cesar	23	6.462.030
Atlántico	16	6.435.184
Antioquia	31	4.062.267
Bolívar	29	3.710.734
Magdalena	27	1.212.914
Cauca	30	834.589
Arauca	14	550.951
Chocó	28	539.130
San Andrés	3	300.800
Sucre	13	277.385
Nariño	5	112.710
Córdoba	37	106.753
La Guajira	17	81.130
Putumayo	3	14.510
Caldas	5	5.673
Caquetá	2	3.907
Departamento	No. Proyectos	Costo Total
Guaviare	1	1.024
Total	301	32.194.175

Fuente: DNP (2022).

Tabla 6.Costo Total Proyectos de inversión de Transporte por departamento que conectan a los 171 municipios objeto de esta política.

Millones de pesos

Departamento	Costo total
Antioquia	8.298.856
516 Transversal del Pacífico (Quibdó-Medellín)	230.000
Autopista al mar 1	2.244.729
Autopista al mar 2	2.574.127
IP Santuario - Caño Alegre	3.250.000
Atlántico	4.289.365
Canal del Dique	2.130.000
Cartagena - Barranquilla y circunvalar de la prosperidad	1.709.365
Navegabilidad del Rio Magdalena	450.000
BolívaR	7.369.365
503 (Conexión integral puente Yatí-Variante Magangué)	250.000
Aeropuertos de Cartagena Rafael Núñez y Bayunca	2.830.000
Canal del Dique	2.130.000
Cartagena - Barranquilla y circunvalar de la prosperidad	1.709.365
Navegabilidad del Río Magdalena	450.000
Cauca	6.740.000
517 Anillo del Macizo Colombiano (La Lupa-Bolívar-La vega-La Sierra de Rosas)	350.000
534 Transversal del Libertador (Popayán-Totoró-Inza-La Plata)	200.000
Departamento	Costo total
Cali-Palmira	1.220.000
Pasto-Popayán	4.500.000
Variante en Transversal Popayán-Neiva (variantes en Inza, Ullucos, Juntas y Córdoba y rehabilitación La Plata Nevia)	200.000
Cesar	6.014.953
Valledupar-La Paz	65.000
523 Vías Sur de la Guajira (Valledupar Cuestecitas)	50.000
Corredor férreo Dorada-Chiriguaná	1.590.000
Cuatro Vientos-Codazzi	60.000
Ruta del Sol sector 3	2.079.953
San Roque-Cuestecitas	400.000
Valledupar-La Paz (doble calzada)	70.000
Troncal del Magdalena C2) Barrancabermeja-San Roque	1.700.000
Chocó	515.000
505 Transversales del Pacífico (Quibdó - Pereira)	220.000
512 Bahía Solano - El Valle	15.000
516 Transversales del Pacífico (Quibdó - Medellín)	230.000
Animas- Copidijo - Nuquí	50.000
Córdoba	2.782.552
IP - Antioquia - Bolívar vía Moñitos-San Bernardo del Viento-Lorica-Chinú y Conexión Puente	2.752.552
La Doctrina	30.000
LA GUAJIRA	350.000
482 Conexión Alta Guajira (Uribia-Puerto Bolívar- Estrella-Vías Wayuu)	300.000
523 vías Sur de La Guajira (Valledupar - Cuestecitas)	50.000
Magdalena	3.559.953
456 Conexión puente Pumarejo-Ciénaga (viaductos)**	700.000
543 Plato - Tenerife	40.000
Navegabilidad del Río Magdalena	450.000
Palermo- Salamina-Plato (incluye conectividad Pivijay-Fundación	300.000
Departamento	Costo total
Ruta del Sol sector 3	2.079.953
Nariño	110.000
476 Junín - Barbacoas	10.000
Pedregal - Tumaco -Túquerres - Samaniego (incluye terminación de pavimentación Túquerres-Samaniego)	100.000
Risaralda	2.089.331
505 Transversales del Pacífico (Quibdó - Pereira)	220.000
Autopista Conexión Pacífico 3	1.869.331
San aAndrés	300.000
IP Aeropuertos de San Andrés y Providencia	300.000
SUCRE	450.000
Navegabilidad del Río Magdalena	450.000
Valle del Cauca	6.114.000
550 paso por Buenaventura (Av. Simón Bolívar)-Loboguerrero	34.000
Aeropuertos de Suroccidente-Buenaventura	1.420.000
Aeropuertos de Suroccidente-Palmira	1.420.000
Buga - Loboguerrero- Buenaventura	1.440.000
Dragado de Buenaventura	580.000
Nueva Malla Vial del Valle del Cauca Accesos Cali - Palmira	1.220.000

Fuente: DNP (2022).

2.1.3. Prestación de servicios públicos en los 171 municipios con mayor presencia de comunidades NARP

El país ha avanzado en diferentes lineamientos normativos y de política en materia de universalización de los servicios públicos, ejemplo de ello es la Ley 1955 de 2019^[23], PND 2018 -2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Uno de los propósitos, es el aumento de las coberturas y la disminución de las brechas urbano-rurales en el acceso al abastecimiento de agua y saneamiento básico y energía, para ello, es importante la focalización de recursos, programas para el acceso a los servicios en área rural y uso eficiente de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales y energías renovables.

Agua Potable y Saneamiento Básico

El acceso a agua potable y saneamiento básico es fundamental para mejorar la calidad de vida de la población, sobre todo en relación con la población en condición de vulnerabilidad, como las comunidades NARP. En este sentido, el país se ha comprometido con el cumplimiento de los ODS, en este caso esepcífico, el ODS6, referido a garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos (Naciones Unidas, 2022). En razón a ello, en Colombia se han venido formulando e implementando políticas públicas enfocadas en este sector y, si bien no se han beneficiado en su totalidad a los municipios objeto de esta política, si se ha llegado a regiones como el Pacífico, San Andrés y Providencia, entre otros, no obstante, persisten privaciones de acceso adecuado al agua potable y el saneamiento básico, especialmente en zonas rurales donde se encuentra población NARP. Así las cosas, a continuación, se presentan los avances en la materia, destacando los documentos CONPES que han sido expedidos.

El sector de agua potable y saneamiento básico (APSB) es fundamental para el aumento de la productividad y del bienestar de la población. Lo anterior, dado que permite llevar una vida saludable lo que redunde en una mejora en su calidad, así lo reconoce el PND 2018-2022 que estableció, en su Pacto por la calidad y eficiencia de los servicios públicos, estrategias orientadas a asegurar el acceso al APSB con calidad bajo un enfoque regional que permita el cierre de brechas. Así mismo, para el logro de la equidad propone avanzar en la reducción de la ineficiencia en la prestación de los servicios en todo el territorio, especialmente en las zonas rurales.

En este sentido, Colombia cuenta con varias herramientas de política pública para el manejo del sector APBS, que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Se destacan los siguientes: (i) Documento CONPES 3810 política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural^[24] aprobado en 2014, que planteó lineamientos de política para el suministro de APSB en las áreas rurales de Colombia a través de soluciones que sean acordes con las características de dichas áreas y que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural; (ii) Documento CONPES 3874 Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos^[25] aprobado en 2016, el cual propone estrategias para la gestión integral de residuos sólidos como política nacional de interés social, económico, ambiental y sanitario, el cual, con corte 2021 de acuerdo con lo reportado en la plataforma de seguimiento SisCONPES, muestra un 68 % de avance en su ejecución (DNP, 2022) y; el Documento CONPES 4004 Economía Circular en la Gestión de los Servicios de Agua Potable y Manejo de Aguas Residuales^[26] aprobado en 2020, que busca implementar el modelo de economía circular en la prestación de los servicios anteriormente mencionados para garantizar el suministro de agua potable en el largo plazo, el cual para el segundo semestre de 2021 reportó un avance en su ejecución del 57,3 % (DNP, 2022).

En consecuencia, se ha avanzado en la expedición e implementación de políticas que promuevan el acceso a los servicios de agua potable en todos los municipios del país orientadas a acelerar el crecimiento de las coberturas y mejorar la calidad. Así, el Documento CONPES 3463 Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA)^[27] aprobado en 2007, definió la estrategia del Estado para acelerar el crecimiento de las coberturas y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico en Colombia. Por su parte la Ley 1151 de 2007 (PND 2006- 2010)^[28] y el Decreto 3200 de 2008[^29], reglamentaron los PDA como estrategias de planeación y coordinación interinstitucional, con el objeto de lograr la armonización integral de los recursos, y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos de APSB. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) en el periodo comprendido entre 2010 y 2017 se desarrollaron 1.354 proyectos de infraestructura PDA en el país.

De igual forma, con la expedición de las leyes 1753 de 2015 (PND 2014-2018)^[30] y 1955 de 2019 (PND 2018-2022)^[31], se reafirma por tercera vez en un Plan Nacional de Desarrollo la importancia de contar con los PDA y se planteó la necesidad de ajustarlos y fortalecerlos. Derivado de lo previsto en los planes nacionales de desarrollo en mención, a través del Decreto 1425 de 2019 tuvo como objeto reglamentar y definir los PDA, destacando la importancia de la evaluación institucional y de resultados del programa, con el propósito de hacer un acompañamiento y regular la participación del Gobierno nacional de manera diferencial en los comités directivos de los PDA, fomentando su autonomía. Asimismo, se exigió que los gestores, responsables de toda la operación de los PDA, desde su planeación hasta su ejecución, debían contar con una estructura interna que tuviera, como mínimo los siguientes componentes: (i) Aseguramiento de la prestación de los servicios de APSB, (ii) Gestión social, (iii) Infraestructura, ambiental, gestión del riesgo (iv) Planeación, (v) Jurídica, (vi) Administrativo y, (vii) Financiero. Estos factores son tenidos en cuenta para la medición de la capacidad institucional y de resultados de los Gestores a través del Índice de Planes Departamentales de Agua - IPDA (Departamento Nacional de Planeación, 2020). Cabe resaltar que, de los 171 municipios enmarcados en esta política, 145 se encuentran vinculados a los PDA, en los cuales se han gestionado recursos, con distintas fuentes de financiación por más de 1,2 billones de pesos, beneficiando a más de 11 millones de habitantes (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2021).

Por su parte, en aras de lograr la articulación de políticas, planes y programas, orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos de impacto regional, el Gobierno nacional suscribió en el año 2020 el Pacto Funcional por el Golfo de

Morrosquillo. Este pacto, tiene como beneficiarias a los municipios de Lorica, Moñitos, San Antero, San Bernardo del Viento, Coveñas, Toluviejo, San Onofre y Santiago de Tolú de los departamentos de Córdoba y Sucre, proponiendo inversión en proyectos orientados al abastecimiento de agua potable, la optimización en la calidad y cobertura de la prestación del servicio, la implementación de sistemas independientes de aguas residuales y aguas lluvias, y la mejora de los sistemas de tratamiento de aguas residuales (DNP, 2021).

Adicionalmente, es importante señalar las inversiones de las políticas públicas para el Pacífico y Buenaventura, enfocados en APSB. Por un lado, derivado del Documento CONPES 3847 Plan Todos Somos PazCífico Concepto favorable a la Nación para otorgar garantía al patrimonio autónomo Fondo para el desarrollo del plan todos somos Pazcífico, en el componente de Agua Potable y Saneamiento Básico^[32] aprobado en 2015, con corte a diciembre de 2021, se han invertido US 172 millones en 220 proyectos ejecutados, de los cuales, 82 de ellos correspondientes a este sector, en los municipios de Francisco Pizarro y San Andrés de Tumaco, en el departamento de Nariño; Guapi y Timbiquí en el departamento del Cauca; Quibdó en el Chocó; y, Buenaventura, del Valle del Cauca (Documento CONPES 3847, 2016). Por su parte, el Documento CONPES 3949 Concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral hasta por la suma de USD 76 millones, o su equivalente en otras monedas, destinado al financiamiento del proyecto de inversión "Implementación de la Fase I del plan maestro de alcantarillado y obras complementarias de acueducto urbano y rural del Distrito de Buenaventura^[33], orientado a mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbana del Distrito de Buenaventura, incrementando las coberturas de acueducto y alcantarillado a niveles equivalentes al promedio nacional.

Así, el Documento CONPES 3949 plantea la ejecución de Inversiones durante el periodo 2021-2025 orientadas al mejoramiento de la calidad del servicio de agua potable en el Distrito de Buenaventura. En ese sentido, se espera aumentar la cobertura de los servicios de alcantarillado y agua potable en zona urbana y rural, en un 83 % y 85 % respectivamente, mejorando las condiciones de vida de 424.047 habitantes de Buenaventura y su zona rural (Documento CONPES 3949, 2018). Este proyecto además, contribuirá con la reducción de enfermedades asociadas a la mala calidad del agua y la ausencia de un sistema adecuado para la recolección tratamiento y disposición de aguas residuales.

También, está el Documento CONPES 4053 Declaración de Importancia Estratégica del Proyecto de Inversión Apoyo Financiero para Facilitar el Acceso a los Servicios de Agua Potable y Manejo de Aguas Residuales a Nivel Nacional para la Ejecución del Programa Implementación de la Fase I del Plan Maestro de Alcantarillado y Obras Complementarias de Acueducto Urbano y Rural del Distrito de Buenaventura^[34] aprobado en 2021. Este documento tiene como objetivo garantizar los recursos financieros para llevar a cabo el programa Implementación de la Fase I del Plan Maestro de Alcantarillado y Obras Complementarias de Acueducto Urbano y Rural del Distrito de Buenaventura en el marco del proyecto de inversión, con el propósito de aumentar la cobertura de los servicios de alcantarillado y de tratamiento de aguas servidas, reducir la vulnerabilidad del sistema de acueducto urbano y aumentar cobertura del servicio de agua potable en la zona rural del distrito (Documento CONPES 4053, 2021). De acuerdo con la plataforma SisCONPES para el segundo semestre del 2021 el avance de las acciones derivadas de este documento había sido del 60 % (DNP, 2022)

Igualmente, se expidió el Documento CONPES 4059 Declaración de importancia estratégica del Programa de Agua Potable y Alcantarillado para el departamento de La Guajira, el cual garantiza recursos para financiar proyectos en sistemas de acueducto^[35] aprobado en 2021. Esta política establece la financiación de proyectos de optimización de sistemas de acueductos de los municipios de Riohacha y Fonseca del departamento de la Guajira con una inversión de alrededor de 94.699 millones de pesos (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2020). Esta inversión tiene por objetivo aumentar la cobertura urbana de los sistemas de acueducto y alcantarillado, ampliando el acceso de agua potable y saneamiento básico para sus habitantes, además de contribuir en el cumplimiento de las metas del Programa Guajira Azul y el Pacto Región Caribe del PND 2018-2022.

El PND 2018-2022 Pacto por la Colombia, Pacto por la Equidad, a través de los pactos regionales en materia de APSBP, estableció objetivos por región. Allí se propusieron objetivos y metas específicas orientadas a aumentar y garantizar la cobertura, la calidad y el acceso a los servicios de agua potables, tal y como se indican en la (Tabla 7).

Tabla 7. Metas específicas APSB PND 2018-2022

Pacto	Objetivo sector APSB	Meta
Región Pacífico	Aumentar la cobertura y calidad en la provisión de servicios públicos	322.155 nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable
Eje Cafetero y Antioquia	-	-
Región Caribe	Garantizar el acceso y la calidad de los servicios públicos fundamentales	589.289 nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable
Seaflower Region	Garantizar el acceso a servicios públicos - agua potable y saneamiento básico	11.867 nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable
Región Llanos - Orinoquía	-	-

Fuente: DNP (2022)

Para mejorar las condiciones de acceso a APSB se realizaron inversiones en 7 departamentos priorizados en esta política. Así las cosas, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y los entes territoriales, a través de los PDA, el mecanismo de obras por impuestos, Sistema General de Participaciones(SGP) y Sistema General de Regalías (SGR), invirtieron alrededor de 240.416 millones de pesos, beneficiando a 547.313 personas pertenecientes a la población NARP ubicada en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Nariño y San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2020).

Sumado a lo anterior, es importante mencionar que el Gobierno nacional ha focalizado esfuerzos en los 171 municipios con mayor presencia de comunidades NARP para el periodo comprendido entre 2018-2022. Como lo señala la OCD (2015), el gasto público en agua y saneamiento básico trae consigo beneficios como reducción de costos del líquido y mejora en los cultivos de alimentos básicos. En consecuencia, desde este sector, se han diseñado 218 proyectos para la construcción, extensión y optimización de las redes de agua y alcantarillado de distintos municipios, con una inversión por valor de1,2 billones de pesos (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2020) (ver tabla 8).

Tabla 8. Costo Total Proyectos APSB por departamento

Millones de pesos

Departamento	No. Proyectos	Costo Total
Atlántico	9	226.976
San Andrés	10	196.324
Valle del Cauca	25	175.852
Cesar	8	144.896
Bolívar	24	91.678
Sucre	13	86.912
Córdoba	22	80.500
La Guajira	11	80.262
Cauca	38	41.884
Chocó	10	27.138
Magdalena	11	22.372
Antioquia	7	21.850
Arauca	3	21.327
Guaviare	7	15.025
Nariño	7	11.013
Putumayo	3	7.220
Caquetá	4	4.736
Caldas	6	2.760
Total	218	1.259.725

Fuente: DNP (2022)

No obstante, a pesar de los avances aún se requiere focalizar inversión para los 171 municipios priorizados en esta política donde persisten brechas en materia de prestación del servicio de APSB. Lo anterior, debido a que el 36 % de los hogares en los 171 municipios priorizados en esta política no tienen acceso a fuente de agua mejorada mientras que el promedio nacional es solo de 11 %, a su vez el 42 % de los hogares en estos municipios tiene una inadecuada eliminación de excretas frente al promedio nacional de 11 % (DANE, 2021). Esto relacionado principalmente con la baja inversión en la estructuración de proyectos de inversión para la construcción y mejoramiento de infraestructura APSB, baja capacidad institucional para la estructuración de proyectos de inversión en la construcción y mejoramiento de infraestructura de APSB.

Servicio público de Energía

En materia normativa, la Ley 1715 de 2014^[36], estableció el marco de incentivos para promover el desarrollo y la utilización de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), así como la gestión eficiente de la energía. Específicamente, determina las competencias administrativas de las entidades públicas para la promoción y desarrollo de las FNCER; establece incentivos a la inversión en proyectos de fuentes no convencionales de energía, y crea el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) (Documento CONPES 4075, 2022).

Por su parte, el PND 2018-2022 propone estrategias para promover la modernización, competitividad, mejoras en la regulación y vigilancia, la focalización, y administración de recursos del sector de energía eléctrica. En 2021 la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) publicó el Plan de Acción Indicativo - Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PAI Proure) 2021 2030, que presenta las metas indicativas de eficiencia energética del país. Acá se plantea aumentar el porcentaje de energía útil sobre el consumo total de energía final de 31 % en 2019 a 41,1 % en 2030, así como reducir la intensidad energética del país pasando de 2,23 Terajulios por mil millones de pesos colombianos (TJ/Miles de millones) en 2019 a 1,60 TJ/Miles de millones en 2030 (Unidad de Planeación Minero Energética, 2021).

También es relevante destacar la Ley 2099 de 2021^[37] que establece lineamientos de política pública para la transición energética en el país. Esta ley cambia algunos aspectos de la Ley 1715 de 2014, modificando y ampliando su alcance. Asimismo, define el hidrógeno verde y la geotermia como FNCER, y abre la ventana para la identificación y potencialización de proyectos para reducir las emisiones de Gas de Efecto Invernadero (GEI). De igual forma, la Ley indica que todas estas tecnologías podrán aplicar a los beneficios consignados en la Ley 1715 de 2014. Por último, la ley contiene 10 artículos orientados a fortalecer la prestación del servicio de energía eléctrica en ZNI dentro de los cuales se destaca que el Ministerio de Minas y Energía promoverá el desarrollo de soluciones híbridas que combinen fuentes locales de generación eléctrica, especialmente, las que provengan de FNCER para la prestación del servicio de energía en las ZNI.

Por otro parte, el Ministerio de Minas y Energía publicó en el 2021, la hoja de ruta para el despliegue de la energía eólica costa afuera en Colombia. Este documento realizó recomendaciones en formulación de políticas, planificación, y desarrollo, de proyectos financiables. De igual forma, presenta dos escenarios para el despliegue de esta tecnología y establece acciones y recomendaciones para la implementación de cada uno de los escenarios propuestos. Sin embargo, este documento solo presenta recomendaciones por lo que hace falta implementar acciones concretas para avanzar en el despliegue de la energía eólica costa afuera (Documento CONPES 4075, 2022).

Igualmente, en el año 2022 se expidió el Documento CONPES 4075, Política de Transición Energética^[38]. Esta política de transición Energética plantea lineamientos y estrategias para incrementar la seguridad y confiabilidad energéticas, promover la innovación y conocimiento en transición energética, fomentar la competitividad y desarrollo económico desde el sector minero energético y desarrollar un sistema energético con bajas emisiones de GEI. Específicamente para la ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica en ZNI, el documento CONPES recomienda al Ministerio de Minas y Energía la creación e implementación del gestor de información de electrificación rural y el diseño e implementación de un programa que incluya la participación del sector privado para acelerar la ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica en las ZNI. Asimismo, el Asimismo, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas - IPSE diseñará una hoja de ruta para la implementación de un esquema de modernización de la operación y supervisión del servicio de energía eléctrica en las ZNI. Pese a los avances en la política de transición energética, aún hacen falta de recursos para la ampliación del servicio de energía eléctrica en las viviendas en zona rural de población vulnerable como la NARP.

Por último, es importante mencionar que, según estimaciones hechas por la Dirección Técnica de Infraestructura y Energía Sostenible (DIES) del DNP, con base en la información aportada por el Ministerio de Minas y Energía, se han priorizado inversiones por un valor cercano a los 587 mil millones de pesos representados en 125 proyectos en los municipios priorizados en esta política, durante el periodo comprendido entre 2018 y 2022. Se destacan: (i) promoción de fuentes de energía renovable, y (ii) Interconexión eléctrica en zonas no interconectadas, acciones que están direccionadas principalmente a garantizar el acceso a energía en las zonas rurales y apartadas de los municipios mencionados

2.2. Justificación

Los antecedentes descritos en las subsecciones anteriores evidencian el estado de la política en los sectores de Educación, TIC, Cultura, Deporte, Agua Potable y Saneamiento Básico, Energía y vías terciarias, así como las inversiones sectoriales que se vienen realizando en políticas sectoriales en los 171 municipios, sin embargo, persisten brechas que redundan en la baja calidad de vida de la población. A la fecha, existen inversiones de alrededor de 37,2 billones de pesos que se están ejecutando a través de 5.771 iniciativas, proyectos y 18 programas distribuidos en los sectores de educación, TIC, Cultura, Deporte, Vías, APSB y Energía. No obstante, varios de los indicadores y privaciones evidenciadas, en materia de Índice de Pobreza Multidimensional y Objetivos de Desarrollo Sostenible, muestran en la población NARP, condiciones desfavorables con respecto al promedio nacional.

En consecuencia, el desarrollo de programas e iniciativas orientados a atender esta problemática, constituyen una herramienta de política prioritaria que oriente soluciones integrales por parte del Estado. Por tal razón, se hace necesaria la aprobación de la Política para potenciar la calidad educativa, la apropiación y el uso de las TIC, la cultura, la infraestructura vial, agua potable, saneamiento básico y energía en 171 municipios con mayor presencia de comunidades NARP.

Así las cosas, el país requiere de una política pública que le permita generar una intervención articulada en estos municipios. Por esta razón, esta política demanda, por un lado, el diseño e implementación de programas e iniciativas adicionales a las ya existentes, coordinadas entre los distintos sectores para ofrecer soluciones integrales a las problemáticas que se tienen en el territorio y, por el otro, intervenciones con inversiones que se están ejecutando en proyectos y programas en los sectores antes mencionados, con el fin de mitigar los impactos negativos de las afectaciones en la calidad de vida de los ciudadanos de los 171 municipios con mayor presencia de comunidades NARP.

De acuerdo con lo anterior, las acciones propuestas y consignadas en el Plan de Acción de esta política, serán complementarias con los esfuerzos presupuestales que viene realizando el país en estos temas. En este sentido, con el fin de tener un mayor impacto en los municipios objeto de esta política, se plantean acciones y líneas estratégicas para resolver las afectaciones en la calidad de vida de los habitantes de los 171 municipios con mayor presencia de población NARP, en las que se incluyen inversiones en los sectores de educación, TIC, Cultura, Vías, APSB y Energía, buscando llegar con acciones integrales y complementarias entre sí.

Por lo tanto, la presente política es oportuna. Lo anterior dado que adiciona esfuerzos a los ya existentes, promoviendo la coordinación intersectorial en: (i) El diseño e implementación de programas en educación, apropiación y uso de las TIC y cultura, (ii) Inversiones estratégicas a través de la ejecución de proyectos de inversión en vías, APSB y Energía.

3. DIAGNÓSTICO

La población que se auto reconoce como NARP, está concentrada mayoritariamente en 12 departamentos del país. De acuerdo con el último censo nacional realizado por el DANE en el año (2018), la población NARP que se auto reconoce como tal corresponden al 9,34 % del total de la población nacional. A su vez, con base en las cifras del DANE (2018) se pudo determinar que los departamentos con mayor presencia de comunidades NARP en el país son Nariño, Chocó, San Andrés y Cauca con el 80 %, 75 %, 56 % y 43 % respectivamente. Igualmente, es importante señalar que los cuatro departamentos con mayor presencia de comunidades NARP suman el 69,9 % del total de la población NARP en Colombia. Así mismo, del total nacional de las personas que se auto reconocen NARP, el 85 % se encuentran ubicados en 171 municipios de 19 departamentos (ver tabla 10).

Tabla 9. Departamentos focalizados con población NARP

Departamento	Municipios	Total población	Población NARP	Promedio % NARP en estos municipios
Antioquia	Apartadó, Arboletes, Belmira, Carepa, Girardota, Mutata, Nechi, Sopetrán, Zaragoza, Necocli, Chigorodo, San Juan de Urabá, Murindo, Turbo, Vigía del Fuerte.	555.767	218.022	39
Arauca	Arauca, Arauquita.	121.003	7.426	6
Atlántico	Suan, Barranquilla,  Campo de la Cruz, Juan de Costa, Candelaria, Manatí, Santa Lucía, Luruaco, Repelón.	1.273.976	127.695	10
Bolívar	San Cristóbal, Cartagena, Arenal, Arjona, Arroyohondo, Altos del Rosario, Cantagallo, El Guamo, Montecristo, San Estanislao, San Juan Nepomuceno, Catalina, Soplaviento, Villanueva, Mahates, María la Baja, Barranco de Lobo.	1.197.110	307.593	26
Departamento	Municipios	Total población	Población NARP	Promedio % NARP en estos mu
Caldas	Marmato, Samaná.	25.951	5.060	19
Caquetá	El Doncello.	17.775	1.087
Cauca	Balboa, Bolívar, Caloto, Corinto, El Tambo, Suarez, La Sierra, Mercaderes, Miranda, Páez, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Patía, Timbiquí, López, Villa Rica, Padilla, Guapi, Puerto Tejada, Guachené.	548.568	235.913	43
Cesar	Becerril, Chimichagua, Chiriguana, Gamarra, La Jagua de Ibirico, Peleya, El Copey, Tamalameque, Valledupar, Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Chimichagua, Chiriguana, Gamarra, La Jagua de Ibirico, El Paso.	759.706	136.774	18
Chocó	Jurado, Bojayá, Nuqui, Bajo Baudó, Loro, Medio Baudó, Carmen del Darién, Medio Atrato, Riosucio, Ungía, Alto Baudó, Bagadó, Medio San Juan, Rio Quito, Bahía Solano, Sipi, El Litoral del San Juan, Tadó, Certegui, Unión Panamericana, Acandí, San José del Palmar, El Cantón de San Pablo, Rio Iro, Istmina, Novita, Quibdó, Condoto, Atrato.	449.512	337.386	75
Córdoba	San Bernardo del Viento, San Antero, Puerto Escondido, Los Córdobas, Pueblo Nuevo, San José de Ure, Tierralta, Moñitos.	243.525	81.827	34
Departamento	Municipios	Total población	Población NARP	Promedio % NARP en estos municipios
Guaviare	Miraflores.	5.007	283	6
La Guajira	Riohacha,Barrancas,Dibulla, Distracción,El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar, Uramita.	378.966	51.736	14
Magdalena	Pedraza, Zona Bananera, Aracataca, El Banco, El Piñón, El Reten, Plato, Pueblo Viejo, Santa Ana.	313.446	79.718	25
Nariño	Barbacoas, Roberto Payan,Tumaco, Francisco Pizarro, El Charco, Santa Barbara, Olaya Herrera, La Tola, Policarpa, Magui, Mosquera.	284.181	227.224	80
Putumayo	Orito, Puerto Guzmán.	50.498	2.882	6
Risaralda	Pueblo Rico.	14.429	1.815	13
San Andrés	San Andrés y Providencia.	48.299	26.873	56
Sucre	Santiago de Tolú, San Onofre, Coveñas, Chalan, San Benito Abad, San Marcos, San Pedro, Tolú Viejo.	218.393	89.187	41
Valle del Cauca	Andalucía, Buenaventura, Cali, Candelaria, Dagua, El Cerrito, Florida, Guacarí, Jamundí, Palmira, Pradera, Zarzal.	2.879.580	626.151	22
Total Población	9.385.692		2.564.652	27

Fuente: DNP 2022 con base en el Censo DANE 2018.

Estos municipios presentan una baja calidad de vida de la población con mayor presencia de comunidades NARP. Esto se evidencia en que, de acuerdo con estimaciones realizadas por la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del DNP, con base en la información del DANE (2018), en más de la mitad de los municipios el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), para el año 2020, fue superior al 50 %, ubicándolos 34 p.p. por encima del total nacional, que para el año 202, fue del 18 %, es decir, que al revisar los principales indicadores de la pobreza multidimensional de los municipios, la mayoría superan los promedios nacionales, no siendo la excepción en el caso de la población NARP, como lo muestra el Grafico 1, pues en la mayoría de los indicadores de IPM supera los promedios nacionales.

Gráfico 1. Privaciones por Hogar según variable de IPM (%), 2018

Fuente: Elaboración propia, con base en la información del DANE, 2018

Así mismo, la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del DANE 2018, muestra que en varios de sus indicadores los 171 municipios priorizados en esta política están por encima de los promedios nacionales. En el caso de la pobreza multidimensional, con base en las cifras del DANE (2018), se pudo determinar que el promedio de municipios con mayor presencia de población NARP, se ubicó en 30,6 %, con respecto al total nacional, que para el año 2021 se ubicó en 16 %, por lo que se puede afirmar que están por encima en 14 p.p. Igualmente, partiendo de los mismos datos aportados por el DANE (2018), se logró establecer que en las cabeceras municipales, la pobreza de la población NARP se ubicó 13.6 p.p. por encima de la pobreza total. Así mismo, la pobreza del grupo NARP en centros poblados y rural disperso también se encuentra por encima de la pobreza total de este dominio, en la que la brecha fue de 10.1 p.p. Adicionalmente, al comparar los porcentajes de personas NARP en situación de pobreza y pobreza extrema con los de las personas no étnicas se encuentran diferencias significativas.

Por lo tanto, el presente documento plantea 3 ejes problemáticos con sus respectivas causas asociadas a las afectaciones en la calidad de vida de los ciudadanos de los 171 municipios con mayor presencia de población NARP: (i) baja calidad y acceso educativo relacionado con el bajo logro educativo^[39], apropiación y uso de las TIC y cultura; (ii) dificultad en la intercomunicación terrestre entre las zonas rurales y urbanas; y, (iii) deficiencia en la prestación de servicios públicos. En las siguientes secciones se abordarán cada uno de estos ejes problemáticos, así como sus causas.

3.1. Baja calidad y acceso educativo, apropiación y uso de las TIC y fomento de la cultura y del deporte para los 171 municipios con población NARP

Las afectaciones en la calidad de vida de la población de los municipios con mayor presencia de comunidades NARP, se presentan debido a la baja calidad y acceso educativo, apropiación y uso de las TIC y cultura. Esta problemática, se relaciona con las siguientes causas: (i) Baja calidad y acceso a educación que impiden el logro de trayectorias educativas completas para la población de los municipios con mayor presencia de comunidades NARP, (ii) bajo desarrollo de habilidades y capacidades para el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones; (iii) inequidad en las condiciones socioeconómicas de los agentes culturales de las comunidades NARP y (iv) Bajo acceso a los programas de deporte y recreación de la población NARP en los municipios priorizados.

3.1.1. Baja calidad y acceso a educación que impiden el logro de trayectorias educativas completas para la población de los municipios con mayor presencia de comunidades NARP

Los habitantes de los municipios con mayor presencia de comunidades NARP, se enfrentan a la baja calidad y acceso a educación que impiden la culminación de sus trayectorias educativas. Estas barreras están asociadas a problemáticas específicas dentro de las que se incluye el analfabetismo, la baja cobertura en algunos niveles educativos, las limitadas competencias académicas y la poca apropiación de los instrumentos de orientación socio ocupacional existentes que favorezcan la construcción de proyectos educativos y laborales al finalizar la educación media. En el caso de la educación posmedia, la principal problemática se centra en el bajo tránsito a educación superior. (Documento CONPES 3970, 2019)

A pesar de los esfuerzos realizados por erradicar el analfabetismo, este sigue siendo una problemática que afecta a la población de los municipios con mayor presencia de comunidades NARP. Con base en las cifras del DANE (2018), se pudo determinar que más de 30 de estos municipios presentan una privación por analfabetismo mayor al 30 %. Dentro de este grupo se destacan los casos de Manaure y Uribía en La Guajira, Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó y Río Iro en Chocó, todos con una privación por analfabetismo mayor al 40 %.

Al analizar la cobertura neta en educación preescolar básica y media para los municipios con mayor presencia de comunidades NARP, se encuentra que existen algunos niveles educativos con un alto porcentaje de población desescolarizada^[40]. Los datos del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) del Ministerio de Educación Nacional (2020), muestran que la cobertura neta para educación preescolar, básica y media en los municipios con mayor presencia de comunidades NARP para 2020 fue del 89,6 % (3 puntos porcentuales por debajo del indicador nacional); no obstante, en los niveles de transición y educación media el indicador fue de 59,5 % y 42,4 % respectivamente. Esto quiere decir que, en el caso particular de la educación media, más del 50 % de los habitantes de los municipios con mayor presencia de comunidades NARP que según su edad (14 a 16 años), deberían estar estudiando, se encuentran actualmente fuera del sistema educativo.

Partiendo de ello, existen algunos factores asociados a la inasistencia escolar que dificultan el aumento de la cobertura educativa. Según la Encuesta de Calidad de Vida realizada por el DANE para el 2020, el mayor motivo de inasistencia a los establecimientos educativos por parte de la población afrocolombiana que se encuentran en un rango de edad entre los 5 y 16 años fue el retiro por causa de la pandemia del COVID-19 con un 34 %, seguido de la falta de interés en el estudio con el 13 % y, en tercer lugar, el abandono del lugar de residencia habitual con el 11 % (DANE, 2020).

De otro lado, las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19 han dificultado la implementación de acciones que aumenten la pertinencia de estrategias de permanencia como el PAE de la Población NARP. El Plan Nacional de Desarrollo 20182022 planteó en el marco de la Política de Alimentación Escolar la creación de un capítulo de alimentación diferencial NARP (Departamento Nacional de Planeación, 2019). Si bien el sector educación a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (Alimentos para Aprender) ha avanzado en la construcción de una metodología de recolección de información relacionada con la alimentación de las comunidades NARP (Ministerio de Educación Nacional, 2021), aún no se cuenta con un enfoque diferencial para la operación del PAE en comunidades con alta presencia de población NARP.

En lo que respecta a calidad educativa, los estudiantes de los municipios con población NARP focalizados en este documento, presentan un bajo desempeño académico que los rezaga frente a los demás estudiantes del país. Con base en cifras del ICFES (2022) relacionadas con los resultados del examen saber 11, se pudo determinar que durante los últimos 5 años los estudiantes de los municipios focalizados en este documento han obtenido un puntaje global menor en 10 o más puntos con respecto al resto del país (ver gráfico 2). Esto adquiere mayor relevancia al verificar que durante este mismo período, los puntajes obtenidos por los estudiantes han tenido una tendencia negativa a nivel general, lo que en el caso de los estudiantes de los municipios que interesan en este documento se puede convertir en una barrera para el acceso a la educación superior y, por ende, para la continuidad de sus trayectorias educativas.

Gráfico 2. Resultados Examen Saber 11 NARP vs Resto del país

Fuente: DNP, 2022, con información histórica del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación.

Con relación a la educación superior, se presentan barreras de acceso que tienden a acentuarse en algunos de los municipios con mayor presencia de comunidades NARP focalizados en este documento. Durante los últimos 3 años, la tasa de tránsito inmediato agregada^[41] de los municipios focalizados en este documento se ha mantenido en niveles que oscilan entre el 33 % y el 36 %. Para 2020 cerca de 90 municipios registraton un tránsito menor al 25 % (Ministerio de Educación Nacional, 2022). Esto quiere decir que la mayoría de los bachilleres que hacen parte de estas comunidades ven limitado su acceso a la educación superior. Según la ECV de Vida realizada por el DANE (2020), dentro de las causas para la no continuidad de las trayectorias educativas de los bachilleres que están entre los 17 y 21 años de estos municipios, están: la falta de recursos económicos o los costos educativos elevados con un 24 %, la necesidad de trabajar con un 16 % y la falta de gusto o interés por el estudio con un 15 %.

3.1.2. Bajo desarrollo de habilidades y capacidades para el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en los 171 municipios con mayor presencia de población NARP

Con respecto a la dimensión de habilidades digitales del Índice de Brecha Digital^[42] se evidenció que 9 de los 12 departamentos con municipios con mayor presencia de población NARP, se encuentran por encima del promedio nacional en la brecha digital.

De esta manera, siguiendo el ranking del Índice de brecha digital para el año 2020, se logró establecer que departamentos como Cauca y Chocó, presentaron una brecha digital en la dimensión de habilidades digitales, que se ubicó un 0,0453 y 0,11220 respectivamente, por encima del promedio nacional, que se ubicó en un 0,64319. (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 2022). (Ver tabla 11).

Tabla 10. Índice de brecha Digital 2020: Dimensión habilidades digitales

Departamento	Rank	Habilidades digitales
Bogotá D.C.	1	0,3488
Risaralda	2	0,5203
Quindío	3	0,5415
Santander	4	0,5501
Caldas	5	0,5517
Atlántico	6	0,5635
Departamento	Rank	Habilidades digitales
Antioquia	7	0,5648
Valle del Cauca	8	0,5664
Boyacá	9	0,5689
San Andrés, Providencia y Santa Catalina	10	0,5689
Tolima	11	0,5972
Meta	12	0,599
Cundinamarca	13	0,6096
Casanare	14	0,6147
Norte de Santander	15	0,6212
Huila	16	0,63
Bolívar	17	0,6334
Nariño	18	0,6657
Caquetá	19	0,6669
Magdalena	20	0,6723
Guaviare	21	0,6742
Cesar	22	0,6799
Cauca	23	0,6885
Sucre	24	0,6913
Córdoba	25	0,6985
Putumayo	26	0,7199
Amazonas	27	0,7401
Arauca	28	0,7421
La Guajira	29	0,7523
Chocó	30	0,7554
Guainía	31	0,779
Vaupés	32	0,7967
Vichada	33	0,8525

Fuente: DNP (2021)

De acuerdo con lo anterior, existen rezagos en el uso de computador según habilidades, entre la proporción a nivel nacional y los departamentos de Antioquia, Nariño y Chocó, los cuales tiene una importante cantidad de municipios con mayor presencia de comunidades NARP. De acuerdo con la Encuesta de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para hogares realizada por DANE (2020), esta brecha se debe a que la proporción de personas de 5 años y más en estos departamentos presenta conocimientos en habilidades para el uso del computador, por debajo del promedio nacional como utilizar un lenguaje de programación especializado, conectar o instalar dispositivos adicionales, así como enviar correos electrónicos con archivos adjuntos (documentos, fotos, videos, entre otros) (Ver gráfico 3).

Gráfico 3. Personas de 5 y más años que usaron computador, según habilidades 2020

(Antioquia, Nariño, Chocó y Total nacional)

Fuente: DNP 2022, con base en DANE 2021.

3.1.3. Inequidad en las condiciones socioeconómicas de los agentes culturales Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros

En los territorios del país se encuentran gestores culturales, de los cuales se desconocía su situación socioeconómica Consolidar la información de caracterización de los agentes que conforman el sector cultura ha sido una necesidad histórica que durante la emergencia generada por el COVID-19, se hizo más evidente. Se requerían herramientas que le permitieran a los agentes identificarse de manera más fácil ante las entidades públicas y participar de sus procesos.

En respuesta a esta necesidad, el Registro Único Nacional de Agentes Culturales, es un instrumento para la inscripción, caracterización y actualización de la información de los gestores y creadores culturales a nivel nacional, creado mediante la Ley 2070 de 2020 (Ministerio de Cultura, 2021).

Mediante el registro Único Nacional de Agentes Culturales ha sido posible identificar situaciones de inequidad en las condiciones socioeconómicas de los agentes culturales de diversos grupos étnicos. Analizando situaciones de las comunidades NARP, se encontró que aproximadamente el 57 % de los agentes de estas comunidades tienen como máximo nivel de formación el bachillerato (Ministerio de Cultura, 2021); esto deja en evidencia que los gestores culturales de estas comunidades presentan niveles mínimos de profesionalización, lo que disminuye sus probabilidades para acceder a mejores ingresos o remuneración afectando su calidad de vida.

De otro lado, cerca del 60 % afirman no estar vinculados a ningún régimen pensional lo que pone en riesgo la garantía de sus derechos fundamentales (Ministerio de Cultura, 2022). De acuerdo con Fedesarrollo (2016) aportar al sistema pensional durante la vida laboral es por excelencia el principal instrumento de protección económica para la vejez en Colombia, este tipo de dificultades en el sistema pensional derivadas en parte por los altos niveles de informalidad en el mercado laboral, hacen que se profundice el problema de desigualdad, se reduzca el bienestar de las personas mayores en el país y se ponga en riesgo el derecho a la vejez digna. Así mismo, alrededor del 58 % de los agentes culturales de las comunidades NARP registrados en Soy Cultura, hacen parte del régimen subsidiado de salud y otro 3 % afirma que no hace parte de ningún régimen de salud (Ministerio de Cultura, 2021); está situación de acuerdo con el decreto 561 de 2020, muestra la vulnerabilidad en la que se encuentran los creadores y gestores culturales, adicionalmente, el sector cultura y sus agentes fueron unos de los más afectados por las restricciones ocasionadas por la pandemia COVID-19, puesto que se limitó totalmente la posibilidad para realizar actividades con público, así el derecho al mínimo vital de estas personas se vio gravemente comprometido (DAPRE, 2020).

La desarticulación de las organizaciones y agentes (dentro y fuera del sector cultura) no permite generar oportunidades de trabajo y difusión de talentos en los territorios. De acuerdo con el Consejo Nacional de la Economía Naranja (2020) en las bases conceptuales de la economía naranja en Colombia, en el país se tiene el desafío de plantear un desarrollo equilibrado del campo creativo en reconocimiento de la pluralidad de organizaciones y agentes que lo conforman, que pueda dar respuesta de forma oportuna a las necesidades identificadas en materia de desarrollo del capital humano, fortalecimiento de los ecosistemas de apoyo, infraestructura física y tecnológica, así como condiciones de acceso de la población que posibiliten la apropiación y disfrute de las expresiones culturales y creativas en el país.

3.1.4. Bajo acceso a los programas de deporte y recreación de la población NARP de los municipios priorizados

El Ministerio del Deporte no ha logrado llegar con la oferta institucional a la totalidad de los 171 municipios priorizados en esta política. De acuerdo con datos del Ministerio del Deporte, para el año 2021 en el caso del programa de escuelas deportivas, solo lograron cobijar el 55 % (94) del total (171) de los municipios con presencia de población NARP. Lo anterior, evidencia que el 45 % (77) de los municipios no cuentan con escuelas deportivas, mediante las cuales puedan formarse en algún deporte y aprovechar el tiempo libre. A esto se le suma, que en otros programas dirigidos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) que se auto reconocen como población NARP, se estima que 3.080 NNAJ, no han logrado acceder a oferta institucional dirigida a esta población (Ministerio Deporte, 2021).

Por otra parte, el balance de gestión para la vigencia 2021 del sector deporte, evidencia rezagos en el cumplimiento de algunos indicadores de acceso a servicios deportivos, recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre. De acuerdo con el informe de gestión de la vigencia (2021), presentado por el Ministerio del Deporte, en referencia con el indicador de personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física con enfoque diferencial, el PND 2018-2022, para el cuatrienio, estableció una meta de 5.000.000 personas, sin embargo, el avance registrado es de 2.216.682, para un 41% de cumplimiento, por su parte, en el caso de niñas, niños y adolescentes que acceden a servicios deportivos, recreativos, de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre, la meta fijada del cuatrienio fue de 200.000 personas, de las cuales el avance es de 167.942, para un 67,97 % de cumplimiento.

3.2. Dificultad en la intercomunicación terrestre entre las zonas rurales y urbanas

Existe dificultad para comunicar por vía terrestre a las poblaciones rurales con las áreas urbanas. Lo anterior, debido al mal estado de las vías terciarias que, sumado a factores como el clima, los vuelven intransitables o con restricciones de tránsito debido a que, las condiciones geográficas impiden la atención de puntos críticos. Aunado a ello, la falta de mantenimiento periódico de estas vías afecta la comercialización de productos y el acceso oportuno a servicios médicos entre otros. Por lo anterior, se identificó como causa directa de esta problemática el deterioro de las vías terciarias por la baja inversión para la realización de obras de mantenimiento y mejoramiento de vías.

3.2.1. Deterioro de las vías terciarias por la baja inversión para la realización de obras de mantenimiento y mejoramiento

Colombia cuenta con una red vial de 204.855 km y, el 69 % del total corresponde a vías terciarias, cuyo principal responsable del mantenimiento son los municipios. Del total de red vial del país, el 9 % (17.434 km) corresponden a la red primaria, el 22 % (45.137 km) a la red vial secundaria y el 69 % (142.284 km) la red vial terciaria (Documento CONPES 3857, 2016). Con respecto a las vías terciarias, el 19 % (27.577km) se encuentran a cargo del Invías, el 9 % a los departamentos (13.959 km) y el 72 % están a cargo de los municipios, por lo que la gran responsabilidad de mantenerlas en buen estado recae en los municipios y, en ese sentido, se evidencia la necesidad de establecer posibles líneas de cofinanciación y acciones conjuntas que permitan integrar esfuerzos entre los tres niveles de gobierno para generar impacto positivo en las vías de estos municipios (Documento CONPES 3857, 2016).

Para el caso de la red vial terciaria de los 171 municipios con mayor presencia de población NARP en el país, se evidencia que la mayor responsabilidad recae sobre las entidades del nivel municipal, que en su mayoría no cuentan con la disponibilidad de recursos para el mantenimiento. Con base en las cifras del Documento CONPES 3857 (2016) se pudo determinar que para el caso de los municipios con mayor presencia de población NARP focalizados en este documento, se identificaron un total de 17.484 km de vías terciarias, que equivale al 12 % de la red vial terciaria Nacional, pertenece a sus jurisdicciones. De lo anterior, los municipios están a cargo del 10.110 km, equivalente al 58 %, los departamentos están a cargo de 2.314 km que corresponden al 13 %, mientras que la Nación está a cargo de 5.059 km equivalentes al 29 %, además, se evidencia que el 85 % de estos municipios son categoría 6^[43] y cuentan con poca disponibilidad de recursos propios para asumir dicha responsabilidad (Contaduría General de la Nación, 2021).

A pesar de la ausencia de información actualizada y sistematizada sobre red terciara, se reconoce que la mayor parte de las vías terciarias se encuentra en una condición crítica. De acuerdo con el diagnóstico del documento Lineamientos de Política para la Gestión de la Red Terciaria del año 2016, se evidencia que si bien la condición de las vías terciarias es crítica debido al mal estado físico, que dificulta la accesibilidad, la transitabilidad y la conectividad con y entre los núcleos poblados, las cabeceras municipales y las capitales departamentales del país, también existe una ausencia de información actualizada y sistematizada que no facilita la toma de decisiones de los municipios, debido a que no es posible determinar el estado de las vías, así como el tipo y grado de urgencia de la intervención (Documento CONPES 3857, 2016).

Si bien en los últimos 4 años se han presentado inversiones significativas en el sector transporte para vías terciarias, que ascienden a 6,8 billones de pesos, las necesidades en inversiones en vías terciarias siguen siendo grandes en el país. Esta inversión integra inversiones de diferentes fuentes tales como el PGN, SGR (OCAD Paz y OCAD Regionales), mecanismo de Obras por Impuestos, Pactos Territoriales y cooperación internacional,^[44]sin embargo, como se evidencia en la tabla 11, el 36 % de las vías se encuentra en mal estado, el 45 % se encuentra en estado regular y tan solo el 17 % se encuentra en buen estado (Documento CONPES 3857, 2016). Con las intervenciones mencionadas anteriormente, de acuerdo con INVAS, se tiene12.400 km y se mantendrán 15.000 km de vías terciarias (Documento CONPES 3857, 2016). Por lo tanto, si se suman los kilómetros de vías en buen estado con las intervenciones mencionadas, se puede estimar que existe un 60 % de vías que aún se encuentran en mal y regular estado.

Tabla 11. Porcentaje vías terciarias del país en estado Malo, Regular y bueno

Estado	Total	Malo	Regular	Bueno
%		Km	%	Km	%	Km	%	Km
Tierra	24	34.148,16	30	15.503,26	19	12.327,49	26	6.31 7,41
Afirmado	70	99.598,80	65	34.361,59	76	49.799,40	62	15.437,81
Pavimentado	6	8.537,04	5	2.398,91	5	3.278,22	12	2.859,91
Total	142.284		52.264		65.405		24.615

Fuente: DNP (2022)

3.3. Deficiencia en la prestación e infraestructura de servicios públicos básicos, en especial en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y Energía

La deficiencia en la prestación de los servicios públicos básicos de energía y APSB genera un deterioro en la salud pública, inequidad social y afecta el desarrollo económico. Las causas directas de esta problemática son: (i) brechas en la prestación del servicio público de APSB entre los municipios con población NARP y otros territorios del país; (ii) baja capacidad institucional para la estructuración de proyectos de inversión en la construcción y mejoramiento de infraestructura de APSB, y (iii) falta de inversión en sistemas de energía en las viviendas de zona rural de los municipios con población NARP.

3.3.1. Brechas en la prestación del servicio público de APSB entre los municipios con población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera y otros territorios del país

Existen desigualdades en el acceso a los servicios públicos de agua y saneamiento básico entre las zonas urbanas y rurales que impactan negativamente la calidad de vida de los habitantes de los 171 municipios priorizados en esta política. De acuerdo con el documento de Análisis de capacidades y entornos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020) y el portal del Departamento Nacional de Planeación - Terridata (2022), el acceso a acueducto para el 2018 en las cabeceras municipales fue del 56,1 %, porcentaje que es mayor comparado con el de los centros poblados y rural dispersos que fue del 14,2 %, así mismo, mientras que en alcantarillado el acceso en cabeceras municipales fue del 76,5 %, en centros poblados y rural dispersos fue del 39,7 % (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2020), lo que denota las brechas que hay de acceso en las zonas antes mencionadas. Acorde con información del Ministerio de Salud y Protección Social (2019), el tratamiento y continuidad del servicio de los sistemas de acueducto, sumados a la distribución del agua en el área de los municipios, afectan directamente la calidad del agua para el consumo humano y, en consecuencia, la salud humana, lo que se evidencia en que para el año 2017, de los 1.102 municipios del país solo el 27,2 % contara con agua sin riesgo para el consumo humano.

Así mismo, existen brechas en la calidad y continuidad del servicio de agua en los departamentos que se encuentran en esta política. Para el año 2019, el 90 % de los municipios de los departamentos de Atlántico, Valle del Cauca y Arauca, accedieron a agua clasificada apta para el consumo, en contraste, el 46 % de los municipios de Chocó y 34,7 % de Bolívar accedieron a agua clasificado con alto riesgo, generando riesgos de afectación a la salud (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2020).

Bajas capacidades técnicas y operativas de las instituciones y actores locales para dotar de infraestructura sostenible a las comunidades rurales que impiden el mejoramiento de la calidad del agua y el saneamiento básico. En las zonas rurales del país las condiciones de acceso a agua y saneamiento básico es menor a las zonas urbanas. Esto se evidencia en que en el 5,1 % de los municipios rurales el acceso al agua es inviable sanitariamente, el 33, 3 % es clasificada con alto riesgo de enfermedades y el 23,4 % con riesgo medio, mientras que en las zonas urbanas, el 1,6 % de los municipios tiene acceso a agua inviable sanitariamente, el 7 % a agua clasificada con alto riesgo de ocurrencia de enfermedades y el 15 % con riesgo medio (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019).

3.3.2. Baja capacidad institucional para la estructuración de proyectos de inversión en la construcción y mejoramiento de infraestructura de APSB

Un aspecto fundamental para el desarrollo de este sector es la estructuración y ejecución de proyectos para el desarrollo de infraestructura, sin embargo, la mayoría de los proyectos no logran concepto técnico favorable y gran parte requiere reformulaciones posteriores, debido a su deficiente proceso de estructuración. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, un aspecto fundamental para el desarrollo del sector de agua potable y manejo de aguas residuales es la formulación, estructuración y ejecución de proyectos para el desarrollo de infraestructura (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2020). Durante el año 2017 se registraron 1.077 proyectos, a través del mecanismo de ventanilla única, de los cuales el 78 % (899) presentaron dificultades en su estructuración por lo que recibieron requerimientos por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020). Las principales dificultades obedecen a: (i)calidad deficiente de los diseños; (ii) trámites asociados a gestión predial, permisos y licencias ambientales, y (iii)permisos de intervención vial incompletos. En el año 2018, tras la reformulación de los proyectos, su valor se incrementó en promedio en 27 % del valor inicial (Documento CONPES 4004, 2020):

Lo anterior, también se evidencia en relación con los Gestores de los Planes Departamentales de Agua - PDA, quienes presentan problemas en la recolección de información para la estructuración de proyectos. De acuerdo con el Documento CONPES 4004 aprobado en 2020, se evidenció que, en 9 departamentos del país, menos del 50 % de los municipios pertenecientes a estos departamentos contaban con diseños disponibles para proyectos que contribuyeran a mejorar la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. En ese sentido es claro que existe una debilidad en la estructuración de proyectos en el nivel municipal y departamental que pone en riesgo la implementación de soluciones que mejoren la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado e impacte positivamente la calidad de vida de la población.

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2020), la gran mayoría de causas asociadas a problemas en la formulación y planeación de los proyectos en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, están relacionadas con diseños de poca calidad, así como control deficiente por parte de las entidades territoriales. Dentro de las principales causas se evidencian: diseños que no satisfacen las necesidades, es decir no cumplen con criterios técnicos requeridos, así como calidad deficiente, existe una supervisión permisiva por parte de las entidades territoriales, no se evidencia rigurosidad a la hora de efectuar el control y las consultorías no tienen mayor responsabilidad. Esto tiene efectos directos como lo son los múltiples procesos de reformulación y por ende retrocesos y pérdidas en términos de tiempo y recursos económicos, obras sin terminar y comunidades sin beneficios derivados de APSB (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2020).

3.3.3. Falta de inversión para proveer el servicio de energía eléctrica en las viviendas de zona rural de los municipios con población NARP

De acuerdo con el Índice de Cobertura de Energía Eléctrica (ICEE) 2018 de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) (2018), la cobertura del servicio de energía eléctrica en los municipios con población NARP focalizados en este documento es del 89,36 %. Con base la información reportada en el ICEE, se cuenta con información sobre la cobertura del servicio de energía eléctrica para 171 municipios con población NARP focalizados en este documento, la cual se divide entre ICEE en cabeceras municipales e ICEE para el resto de las zonas. De esta manera, el ICEE para las cabeceras municipales de los municipios con población NARP focalizados en este documento es del 97,66 %, en donde se ubican 3.423.143 viviendas de las cuales 24.732 no cuentan con servicio de energía eléctrica (Unidad de Planeación Minero Energética, 2019).

Los mayores retos de electrificación en los municipios con población NARP focalizados en este documento se encuentran en las zonas rurales en donde el ICEE es de 78,71 %. Según la Unidad de Planeación Minero-Energética UPME (2019), en estas zonas se identificaron 177.360 viviendas sin servicio, sobre un total de 784.548. Por su parte, se encontró información de 158 de los 171 municipios con población NARP focalizados en este documento, según la cual, en 39 municipios el ICEE se encuentra por debajo del 70 %, evidenciando la existencia de una brecha bastante alta en términos de cobertura de energía en las zonas rurales, lo que es una causa determinante que afecta la calidad de vida de estas familias que carecen del servicio de energía eléctrica (Unidad de Planeación Minero Energética, 2019).

4. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA

La situación de pobreza multidimensional en los 171 municipios con mayor presencia de comunidades NARP, generada por las privaciones en varios sectores que impiden mejorar sus condiciones de vida, requiere de un esfuerzo adicional por parte de los instrumentos de política pública. En ese sentido, esta política se centra en dos momentos indispensables para contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los hogares de la población NARP en los 171 municipios del país. Por un lado, proyectos y programas que se vienen ejecutando por el Gobierno nacional que son complementados por las acciones del Plan de Acción y, por el otro, la financiación de proyectos de inversión orientados a atender las necesidades de infraestructura vial y servicios públicos en 30 municipios del país.

4.1. Objetivo general

Mejorar la calidad de vida de la población de los municipios con mayor presencia de comunidades, Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros, a través del diseño, articulación e implementación de estrategias intersectoriales orientadas a aumentar la calidad y acceso de la educación, la apropiación y el uso de las TIC, fomentar la cultura, las vías terciarias y la prestación de servicios públicos.

4.2. Objetivos específicos

OE 1. Aumentar la calidad y el acceso educativo, apropiación y uso de las TIC, la identidad cultural y el deporte, para mejorar la calidad de vida de la población de los municipios con mayor presencia de comunidades NARP.

OE 2. Mejorar las condiciones de la red vial terciaria de los municipios con mayor presencia de comunidades NARP, para aumentar la transitabilidad y conectividad en estos territorios y facilitar la interconexión entre las zonas urbanas y rurales y las capitales departamentales del país.

OE 3. Ampliar la prestación de servicios públicos, para mejorar la cobertura y el acceso a estos servicios, de manera que impacte positivamente en la calidad de vida de los municipios con mayor presencia de comunidades NARP.

4.3. Plan de acción

Para el cumplimiento de la presente política, se estableció un objetivo general y 3 objetivos específicos. Tanto unos como los otros, serán desarrollados a través de líneas de acción que implican la realización de actividades por parte de diferentes entidades del nivel nacional. El detalle de las acciones propuestas se describe en el Anexo A. Plan de Acción y Seguimiento (PAS), el cual señala las entidades responsables, los períodos de ejecución, el presupuesto que las financia y las metas propuestas.

4.3.1. Aumentar la calidad y el acceso educativo, la apropiación y uso de las TIC, la identidad cultural y el deporte

Línea de acción 1. Promover la continuidad de trayectorias educativas para la población de los municipios con presencia NARP

En primer lugar, orientado a promover el mejoramiento de la calidad educativa, la ampliación y uso significativo del tiempo escolar, el mejoramiento de las condiciones pedagógicas, nutricionales, de suficiencia del recursos humano y de infraestructura educativa, el Ministerio de Educación Nacional entre 2022 y 2024 definirá e implementará un plan de acompañamiento y asistencia técnica a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) de las que hacen parte los 171 municipios con mayor presencia de comunidades NARP priorizados, con el objetivo de fortalecer en sus planes de implementación y planes de mejoramiento de la Jornada Única, la gestión y cobertura del programa en dichos municipios.

Por otra parte, para contribuir al componente de identidad cultural, el Ministerio de Educación Nacional, entre 2022 y 2024, diseñará e implementará una estrategia de apropiación de la nueva política y lineamientos de etnoeducación del Ministerio de Educación Nacional por parte de Entidades Territoriales Certificadas de los 171 municipios con mayor presencia de comunidades NARP priorizados, que contribuya a la formación de proyectos educativos comunitarios y etnoeducativos en territorio.

Adicionalmente, para contribuir al componente de identidad cultural, el Ministerio de Educación Nacional, entre 2022 y 2024, diseñará e implementará una estrategia de apoyo y acompañamiento a las Secretarías de Educación de los 171 municipios focalizados para la apropiación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos.

De otro lado, el Ministerio de Educación Nacional, entre 2022 y 2024 acompañará, mediante asistencia técnica las necesidades de fortalecimiento territorial a la gestión integral de proyectos en las ETC de los municipios NARP priorizados.

De igual manera, para contribuir al componente de la continuidad de trayectorias educativas para la población de los municipios con presencia NARP, el Ministerio de Educación Nacional, entre 2023 y 2024 incorporará en los procesos de priorización de los proyectos asociados al Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad (PNLEO) a los 31 ETC que agrupan a los 171 municipios NARP priorizados.

Con el objetivo de favorecer el tránsito de los estudiantes de educación media a la educación posmedia, el Ministerio de Educación Nacional entre 2023 y 2024 diseñará, socializará y hará seguimiento a la implementación de una caja de herramientas de orientación socio ocupacional con enfoque diferencial, aportante a la pertinencia y relevancia de valores culturales, contexto de sus territorios y procesos identitarios de las comunidades de los 171 municipios con mayor presencia de comunidades NARP priorizados y su impacto en la armonización de proyectos educativos y formativos de los estudiantes de educación media.

Asimismo, buscando mitigar las problemáticas asociadas al bajo interés por parte de las y los jóvenes de 14 a 16 años en educación media, el Ministerio de Educación Nacional, entre 2023 y 2024 diseñará e implementará una estrategia de acompañamiento a través de las Entidades Territoriales Certificadas donde se encuentren los 171 municipios con mayor presencia de comunidades NARP priorizados, con el objetivo de fortalecer los procesos de articulación de la educación media y favorecer la pertinencia de la oferta de programas de doble titulación, de acuerdo con el contexto territorial.

De otra parte, entre 2022 y 2024, el Ministerio de Educación Nacional diseñará una ruta para el acceso y la permanencia en el sistema educativo de la población estudiantil negra, afrocolombiana, raizal y palenquera de los 171 municipios NARP priozados, que contribuya a las trayectorias educativas completas.

Finalmente, el Ministerio de Educación Nacional entre 2022 y 2024 Elaborará y socializará el enfoque diferencial para el reconocimiento de los alimentos y la gastronomía propia de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en el componente alimentario del PAE para su implementación en territorio.

Línea de acción 2. Diseñar estrategias para desarrollar habilidades y competencias TIC que permitan incrementar el uso y apropiación de estas tecnologías (seguridad digital, comercio electrónico) en los municipios con presencia NARP

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, implementará un programa regionalizado de sensibilización y de formación de niños, niñas y adolescentes, padres, madres y cuidadores, en el uso seguro y responsable de las TIC, que incluya una focalización en los municipios con población NARP cobijados en este documento. Esta acción se llevará acabo entre 2022 y 2024.

Línea de acción 3. Generación de oportunidades para los agentes culturales afrocolombianos, raizales y palenqueros

En concordancia con las apuestas planteadas en el Documento CONPES 4040 Pacto Colombia con las Juventudes: Estrategia para Fortalecer el Desarrollo Integral de la Juventud^[45] aprobado en 2020, el Ministerio de Cultura focalizará la oferta institucional hacia los municipios con alta incidencia de comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras a través de las siguientes acciones:

En primer lugar, el Ministerio de Cultura ofertará cupos para que personas pertenecientes a las comunidades NARP se vinculen a los procesos de formación en temas de recuperación del patrimonio y oficios tradicionales y fortalecimiento de Talleres Escuela. Esta acción se llevará a cabo en las vigencias 2022 y 2023.

De otra parte, el Ministerio de Cultura ofertará cupos dirigidos a personas pertenecientes a comunidades NARP en procesos de formación en gestión cultural orientados a la formulación de proyectos culturales. Esta acción se llevará a cabo en las vigencias 2022 y 2023.

Asimismo, el Ministerio de Cultura fortalecerá la participación de realizadores afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros en el sector de la comunicación, el audiovisual, lo sonoro y de medios interactivos del país, mediante procesos de formación, producción y circulación con enfoque diferencial y territorial. Esta acción se llevará a cabo en las vigencias 2022 y 2023.

De igual manera, el Ministerio de Cultura fortalecerá fortalecerá los procesos pedagógicos, creativos, productivos y de circulación de las escuelas comunitarias de música y danza en los municipios con alta incidencia de población NARP. Esta acción se llevará a cabo en la vigencia 2022.

Adicionalmente, el Ministerio de Cultura apoyará proyectos culturales en municipios con alta incidencia de población NARP, a través de la Convocatoria del Programa Nacional de Concertación Cultural. Esta acción se llevará a cabo en las vigencias 2022 y 2023.

Por otra parte, el Ministerio de Cultura fortalecerá los proyectos culturales de colectivos de mujeres NARP para generar capacidades. Para ello se enfocará en los colectivos que se encuentren en condición de vulnerabilidad y víctimas del conflicto armado, a través de procesos formativos en habilidades y capacidades productivas, fortalecimiento administrativo y organizativo, construcción de redes de trabajo y diseño de estrategias para la circulación de iniciativas culturales. Esta acción se llevará a cabo en las vigencias 2022 y 2023.

Con el fin de aportar al desarrollo e impulso de procesos artísticos, culturales, creativos y patrimoniales, el Ministerio de Cultura Impulsará procesos artísticos, culturales, creativos y patrimoniales a través del desarrollo de proyectos de infraestructura cultural en municipios con presencia de comunidades NARP. Esta acción se llevará a cabo en la vigencia 2022.

De otra parte, el Ministerio de Cultura fortalecerá y promoverá servicios y programas bibliotecarios con enfoque territorial en los municipios NARP, a través de los procesos formativos y de acompañamiento técnico de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP). Esta acción se llevará a cabo en las vigencias 2022 y 2023.

Asimismo, el Ministerio de Cultura fortalecerá y capacitará a personas de las comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras con discapacidad, con el fin de que puedan acceder a las diferentes fuentes de financiación del Estado y la cooperación internacional. Esta acción se llevará a cabo en la vigencia 2022.

De igual manera, el Ministerio de Cultura mantendrá la operación de centros musicales Sonidos de Esperanza en municipios NARP, que atiendan niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han sido víctimas del conflicto armado o que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Esta acción se llevará a cabo en las vigencias 2022 y 2023.

Por su parte, el Ministerio de Cultura ofrecerá programación cultural y educativa a los ciudadanos cartageneros, incluida la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera, desde la Casa Museo Rafael Núñez del Ministerio de Cultura. Esta acción se llevará a cabo en las vigencias 2022 y 2023.

Asimismo, el Ministerio de Cultura diseñará e implementará un guion museológico y museográfico para el Museo Afro de Colombia - sede Cali. Esta acción se llevará a cabo en las vigencias 2022 y 2023.

Por otro lado, el Ministerio de Cultura ofertará procesos de formación artística en danza, música, literatura, artes visuales, teatro y circo y metodologías Multi,inter y Transdisciplinares a población. Esta acción se llevará a cabo en las vigencias 2022 y 2023.

Por último, el Ministerio de Cultura dotará con instrumentos musicales, equipos tecnológicos o vestuarios de la práctica de Danza a municipios con presencia de comunidades NARP. Esta acción se llevará a cabo en las vigencias 2022 y 2023.

Línea de acción 4. Aumentar el acceso a los programas de deporte y recreación de la población NARP en los municipios priorizados

Con el objetivo aumentar el acceso de la población NARP en los 171 municipios priorizados en programas de deporte, recreación y actividad física con criterios de inclusión y enfoque diferencial étnico, se desarrollarán las siguientes acciones:

En primer lugar, el Ministerio del Deporte implementará el programa de Escuelas Deportivas en los 171 municipios NARP priorizados, buscando promover y fomentar la práctica de la disciplina deportiva más habitual en cada comunidad. Esta acción se realizará entre el 2023 y 2024.

Por otra parte, con el objetivo de promocionar las prácticas tradicionales, ancestrales, convencionales y adaptadas e incluyentes de las poblaciones NARP, el Ministerio del Deporte implementará el programa "Deporte Social y Comunitario" a través de la contratación de monitores NARP. Esta acción se realizará entre el 2023 y 2024.

De igual forma, el Ministerio del Deporte con el fin de brindar acompañamiento, entrenamiento, asistencia y motivación apoyará deportistas con proyección de alto rendimiento que pertenezcan a las comunidades NARP, a través de los programas de reserva deportiva. Esta acción se realizará entre el 2023 y 2024.

Por último, el Ministerio del Deporte con el fin de promover proceso de formación, a través de nuevas tendencias deportivas, realizará eventos y actividades identificadas como nuevas tendencias como skateboarding, calistenia, parkour y campamentos juveniles, dirigida a jóvenes en municipios priorizados con presencia de población NARP. Esta acción se realizará entre el 2023 y 2024.

4.3.2. Mejorar la intercomunicación vial

Línea de acción 1. Mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarías priorizadas

El Ministerio de Transporte a través del Invias implementará la ejecución de 24 proyectos de inversión para mejoramiento de vías terciarias en los municipios de: El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera, Roberto Payan, Santa Barbara, Tumaco (Nariño), Alto Baudó, Bagadó; Condoto, Jurado, Medio Baudó, Medio San Juan, Quibdó, Sipi, Unión Panamericana, Unguía, Acandí (Chocó) y Guapi, López de Micay, Timbiquí, Páez y Padilla (Cauca). Esta acción se llevará a cabo en la vigencia 2022.

4.3.3. Ampliar la prestación de servicios públicos

Línea de acción 1. Mejorar la prestación del servicio público de APSB

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio apoyará la reformulación de cinco proyectos y la viabilización de un proyecto de inversión para optimización y ampliación de los sistemas de acueductos en los municipios de: Barbacoas (Nariño), Istmina, Medio Baudó, Nóvita y Acandí (Chocó) Esta acción se llevará a cabo en la vigencia 2022.

Línea de acción 2. Prestar asistencia técnica para mejorar la capacidad de estructuración de proyectos de APSB en los municipios

En aquellos municipios que no cuenten con proyectos radicados en la ventanilla del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, prestará asistencia técnica a los municipios con presencia de población NARP, en el proceso de evaluación de los proyectos radicados en la ventanilla del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de apoyar la estructuración integral y efectiva de proyectos de APSB que permita el mejoramiento de capacidades técnicas de los municipios. Esta acción se llevará a cabo en las vigencias 2022 y 2023.

Línea de acción 3. Ampliación del servicio de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales y de energía no renovable en los municipios con presencia de población NARP.

El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones energéticas en el marco del proyecto de inversión del IPSE, se implementará 1 proyecto de Soluciones Solares Fotovoltaicas individuales en el municipio de Tumaco departamento de Nariño, con el fin aumentar el servicio de energía eléctrica y mejorar la calidad del servicio en ZNI. Esta acción se llevará a cabo en la vigencia 2022.

4.4. Seguimiento

El seguimiento al cumplimiento de la ejecución física y presupuestal de las acciones propuestas en esta política se realiza a través del Plan de Acción y Seguimiento (PAS) que se encuentra en el Anexo A, que presenta el listado completo de las acciones de esta política, el valor de las inversiones, las entidades responsables de su implementación, los indicadores de cumplimiento junto con los hitos, así como las respectivas metas de avance por año. El reporte de avance de la implementación de cada acción se realizará por parte de las entidades correspondientes a través de la plataforma del DNP SisCONPES y será consolidado por el DNP, según el cronograma que para ello se defina.

Las acciones previstas en esta política se materializarán en tres años de ejecución (2022, 2023 y 2024). Su seguimiento se realizará de forma semestral, iniciando en diciembre de 2022 y finalizando el 31 de diciembre de 2024.

Tabla 12. Cronograma de seguimiento

Corte	Fecha
Primer corte	Junio de 2022
Segundo corte	Diciembre de 2022
Tercer corte	Junio de 2023
Cuarto corte	Diciembre de 2023
Quinto corte	Junio de 2024
Informe de cierre	Diciembre de 2024

Fuente: DNP (2022).

De manera complementaria se hará seguimiento al cumplimiento del indicador relacionado con el diseño e implementación de una metodología de seguimiento participativo en la ejecución de proyectos para los 171 municipios focalizados en esta política, liderado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en cabeza de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Para este fin, contará con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) por sus siglas en inglés. Gracias a esto, podrá garantizar una mayor transparencia en la ejecución de los proyectos focalizados en el presente documento, para lo que se hace indispensable contar con el apoyo y coordinación de los sectores involucrados en la ejecución del presente documento.

Tabla 13. Indicador de resultado de la política

Indicadores de resultado	Línea base corte primer semestre 2022	Corte a 31 de diciembre de 2022	Meta 2023	Meta 2024
Porcentaje de avance del diseño e implementación de una metodología de seguimiento participativo en la ejecución de los proyectos para 171 municipios objeto de esta política.	0 %	20 %	40 %	40%
Total de la meta	100 %

Fuente: DNP (2022)

4.5. Financiamiento

Para efecto del cumplimiento de los objetivos de esta política, las entidades involucradas en su implementación gestionarán y priorizarán, en el marco de sus competencias, recursos para la financiación de las actividades que se proponen en el PAS. Lo anterior se hará teniendo en cuenta el Marco de Gasto de Mediano Plazo del respectivo sector. Se estima que el costo total de la política es de 122,2 mil millones de pesos que se ejecutará en un periodo de tres años. En la tabla 14 se muestra el costo total para cada una de las entidades ejecutoras de las acciones presentadas anteriormente.

Tabla 14. Costos indicativos por entidad

Millones de pesos

Vigencia	Costo total
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio	18.779
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas	5.036
Instituto Nacional de Vías	30.900
Ministerio de Educación Nacional	2.917
Ministerio Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	405
Ministerio de Cultura	38.892
Ministerio de Deporte	25.272
Total	122.201

Fuente: DNP (2022)

5. RECOMENDACIONES

El Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional de Vías y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (IPSE), recomiendan al Consejo Nacional de Política Económica y Social:

1. Aprobar la política para Potenciar la Calidad Educativa, la Apropiación y Uso de las TIC, La Cultura, La Infraestructura Vial, Agua Potable y el Saneamiento Básico y la Energía en 171 Municipios del país con mayor presencia de comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras planteada en este documento CONPES, incluyendo el Plan de Acción y Seguimiento (PAS) contenido en el Anexo A.

2. Solicitar a las entidades del Gobierno nacional priorizar recursos para la implementación de las acciones y estrategias contenidas en este documento CONPES, acorde con el Marco de Gasto de Mediano Plazo del respectivo sector.

3. Solicitar al DNP: (i) Consolidar y divulgar la información del avance de las acciones según lo planteado en el Plan de Acción y Seguimiento (PAS) F-CA-02.

4. Solicitar al Ministerio de Educación Nacional:

a. Acompañar a través de Asistencia Escolar a las Entidades Territoriales Certificadas de las que hacen parte los 171 municipios NARP con el fortalecimiento de la Jornada Única.

b. Apoyar a las Entidades Territoriales Certificadas de los municipios NARP priorizados para la apropiación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos.

c. Priorizar a las Entidades Territoriales Certificadas de las que hacen parte los 171 municipios NARP en los proyectos del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad.

d. Implementar una caja de herramientas de orientación socio ocupacional que aporte a la pertinencia de los valores culturales de las comunidades NARP para ser socializada en las Entidades Territoriales Certificadas de las que hacen parte los 171 municipios NARP priorizados para el fortalecimiento de la articulación de la educación media.

5. Solicitar al Ministerio de Transporte e Invias: El Invias y la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte, trabajaran en conjunto con los municipios NARP, en la consolidación de un plan anual de intervenciones, identificando aquellos corredores que generen mayor impacto para los municipios, teniendo en cuenta criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales

6. Solicitar al Ministerio de Cultura: Implementar las acciones orientadas al fortalecimiento de los procesos culturales en los 171 municipios priorizados en esta política.

7. Solicitar Al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): se recomienda que el SENA continúe ofertando formación profesional integral a la población NARP de acuerdo con las necesidades y características de la población y el territorio.

Anexo A. Plan de Acción y Seguimiento (PAS)

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<NOTAS DE PIE DE PAGINA>.

1. Al respecto es importante mencionar que algunos de estos municipios del país no corresponden necesariamente a los departamentos enunciados.

2. Disponible en: https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Asuntos-Etnicos

3. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/4023.pdf

4. Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad

5. Estos proyectos e inversiones se especifican en cada línea temática sectorial a lo largo del documento

6. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3857_RedTerciaria.pdf

7. Por el cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de Colombia.

8. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.

9. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3831.pdf

10. En la actualidad existen diferentes Instituciones de Educación Superior que cuentan con estrategias de acceso como la generación de cupos específicos para población afrocolombiana y el descuento en el valor de la matrícula. Dentro de estas instituciones están: la Universidad de Antioquia, la Universidad del Atlántico, la Universidad del Cauca, La Universidad de Nariño, la Universidad del Valle, entre otros.

11. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/4056.pdf

12. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3968.pdf

13. Disponible en: https://micrositios.mintic.gov.co/centros_digitales/pdf/documento_CONPES_4001.pdf

14. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4079.pdf

15. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4023.pdf

16. Disponible en: https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Asuntos-Etnicos

17. Por el cual cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte.

18. Por la cual se transforma el Departamento Administrativo del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre (COLDEPORTES) en el Ministerio del Deporte.

19. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3857_RedTerciaria.pdf

20. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4039.pdf.

21. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3847.pdf

22. Es importante señalar que los proyectos de infraestructura de transporte se definieron identificando si los proyectos de inversión del sector se ejecutaban dentro de la jurisdicción de los 171 municipios objeto de esta política, según estimaciones hechas por la Dirección Técnica de Infraestructura del DNP con base en la información aportada por el Ministerio de Transporte, ANI e Invias. (Ver tabla 6).

23. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.nhg2R93970

24. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3810.pdf

25. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3874.pdf

26. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4004.pdf

27. Disponible en: https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/3463%20-%202007.pdf

28. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010

29. Por el cual se dictan normas sobre Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento y se dictan otras disposiciones.

30. Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país.

31. Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

32. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3847.pdf

33. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3949.pdf

34. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4053.pdf

35. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4059.pdf

36. Por la cual se busca promover el desarrollo y utilización de las Fuentes No Convencionales de Energía

37. Por medio de la cual se dictan disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado energético, la reactivación económica del país y se dictan otras disposiciones.

38. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4075.pdf

39. De acuerdo con el IPM se mide a través de la escolaridad promedio de las personas de 15 años y más en el hogar (DNP, 2011).

40. En la actualidad existen diferentes Instituciones de Educación Superior que cuentan con estrategias de acceso como la generación de cupos específicos para población afrocolombiana y el descuento en el valor de la matrícula. Dentro de estas instituciones se incluye: la Universidad de Antioquia, la Universidad del Atlántico, la Universidad del Cauca, La Universidad de Nariño, la Universidad del Valle, entre otros.

41. Entendida como el paso de los estudiantes que culminan su educación media e ingresan de manera inmediata a la educación superior que a su vez guarda una relación positiva con el comportamiento positivo de la cobertura en educación superior en el país (Ministerio de Educación Nacional, 2017)

42. El índice de Brecha Digital (IBD) fue desarrollado por el Ministerio de tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de monitorear y realizar seguimiento a la brecha digital de acuerdo a las capacidades territoriales. Este índice se mide en una escala de cero (0) a uno (1), si está más cerca a cero menor es la brecha digital.

43. De acuerdo con la Ley 617 de 2000 y el Decreto 2106 de 2019, que reglamentan la categorización de municipios y distritos, se entiende por categoría sexta cuando la Población de un municipio es igual o inferior a diez mil (10.000). Ingresos corrientes de libre destinación anuales: No superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales (Contaduría General de la Nación, 2022).

44. Este valor incluye la proyección 2022

45. Tomado de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/4040.pdf